Litigio Internacional

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CCJ solicita medidas cautelares ante la CIDH en favor del gobernador Carlos Caicedo

Miércoles 25 de agosto de 2021

Washington, 25 de agosto de 2021. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, se vio obligado a salir del país el pasado 19 de agosto porque se supo de un presunto plan para asesinarlo. Asimismo, se solicitaron medidas cautelares para salvaguardar la vida e integridad del funcionario.

Debido a su marcado liderazgo académico como rector de la Universidad de Magdalena, Caicedo se convirtió en un destacado líder de su comunidad y defensor de derechos humanos en el Caribe colombiano, empeñado en reivindicar el derecho a la educación y garantizar a su comunidad condiciones de vida en dignidad. Ahora como gobernador, sus políticas también han estado enfocadas en dar garantías a los derechos de la ciudadanía.  Esto, infortunadamente, lo ha convertido en blanco de grupos ilegales enemigos de la paz y la democracia. 

Según información aportada por la Gobernación del Magdalena, el pasado sábado 14 de agosto una fuente altamente confiable informó al gobernador Caicedo sobre un presunto plan orquestado por las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), con el propósito de asesinarlo; esta información que, de acuerdo a lo dicho por la Gobernación, fue trasladada de inmediato al comandante de la Segunda Brigada del Ejército y a los comandantes de la Policía en el Magdalena, fue ratificada por altos oficiales de la fuerza pública que sostuvieron una reunión virtual el día 17 de agosto con la fuente en mención.

A la par de estos acontecimientos que ponen en peligro la vida e integridad física del gobernador, en sectores populares de Santa Marta han aparecido grafitis en los que se anuncia la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, organización heredera del paramilitarismo que opera en todo el país. Su expansión se traduce en los altos niveles de violencia que causan alrededor del territorio nacional, y particularmente en el departamento del Magdalena, como consecuencia de la precaria implementación del Acuerdo de paz.

La denuncia sobre estos graves hechos fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación por la alcaldesa distrital de Santa Marta y el Secretario del Interior de la Gobernación; este último funcionario sostuvo reuniones en Bogotá con el Director de la Unidad Nacional de Protección, el Director General de la Policía Nacional, la Directora en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los Jefes de Misión de Verificación de Naciones Unidas, para solicitar garantías que permitan el retorno seguro del gobernador al país.

Se conoció también que los hechos fueron puestos en conocimiento del presidente Iván Duque, a quien se pidió ordenar el refuerzo de la protección del gobernador y de su núcleo familiar.