Litigio penal

Justicia desaparecida: 31 años sin Alirio de Jesús Pedraza Becerra

Bogotá, 4 de julio de 2021. El defensor de derechos humanos Alirio de Jesús Pedraza Becerra fue desaparecido forzadamente en la capital del país el 4 de julio de 1990. Desde esa noche, su familia, colegas y amistades exigen que no haya impunidad en su caso, que se sepa qué pasó con Alirio y se sancione ejemplarmente a los responsables de su desaparición. Sin embargo, y luego de 31 años del rapto del abogado sogamoseño, no hay ninguna persona condenada por este crimen y tampoco hay rastro alguno de su paradero.

Alirio de Jesús nació en Boyacá el 25 de diciembre de 1950. Estudió en el colegio Sugamuxi, donde rápidamente fue reconocido como un líder juvenil por su participación en la fundación de la Unión Estudiantil Sogamoseña y la Casa de la Cultura de Sogamoso, así como por las denuncias de violaciones a los derechos humanos que hizo mientras era director del periódico Pluma Joven. Esta última actividad le costó uno de los primeros seguimientos que durante el resto de su vida le haría el Ejército Nacional por considerarlo un sujeto incómodo para el proyecto político-económico dominante.

La inquietud por la cuestión social que el joven Pedraza Becerra siempre tuvo se profundizó en su paso por la Universidad Nacional, donde cursó el programa de derecho. Allí, ayudó a la fundación del Comité de Derechos Humanos de esa institución e integró el grupo encargado de realizar el primer intento para tipificar en la ley penal el delito de desaparición forzada en el país (del que tristemente luego sería víctima). Su compromiso con el cambio social desde el ámbito jurídico era tal que defendió, asesoró y acompañó, desde muy temprano, a personas privadas de la libertad por delitos políticos. En atención a ese compromiso, se vinculó en 1984 a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).

Fue un defensor de derechos humanos reconocido por su labor profesional y humanista. Logró condenas y sanciones de personas que vulneraron los derechos fundamentales de la población campesina, de sindicalistas, de integrantes del CSPP, de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de prisioneras/os políticas/os y de rebeldes alzados en armas. Esto lo convirtió, desde mediados de los años 70 y hasta escasos meses previos a su desaparición, en un blanco de las tareas de inteligencia y del accionar criminal de los organismos de seguridad, a quienes incomodaba con su actuar ético-político.

Desde muy joven, Alirio de Jesús fue consciente de la necesidad de introducir cambios estructurales en el país, en el contexto de una lucha de relaciones de poder muy agitada que requería la toma de partido. Él puso su labor profesional y sus conocimientos a disposición de amplios sectores políticos y sociales que reivindicaban un cambio de valores. Por esa razón, el defensor de derechos humanos fue perseguido, vigilado, monitoreado, hostigado, señalado, interceptado, amenazado y finalmente desaparecido por agentes de organismos de seguridad del Estado colombiano.

A pesar de la agilidad con que actuaron su familia, colegas, organizaciones y amistades, 31 años después, el caso del defensor de derechos humanos se encuentra en total impunidad. Aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Estado declararon la responsabilidad del Estado colombiano en su desaparición, la justicia penal nacional no ha logrado dar con el paradero de los restos de Alirio, ni ha judicializado a los responsables del crimen. Sucesivos errores en la instrucción del proceso, múltiples cambios injustificados de despacho, inadecuadas hipótesis investigativas, preclusiones contra procesados, poco interés de algunos agentes estatales, así como la limitación de la participación de las víctimas en la práctica de algunas pruebas, entre otros aspectos, han conducido a que a la fecha no haya ninguna persona vinculada a la investigación como responsable de los hechos y que no se haya encontrado al abogado del CSPP. Actualmente, la Fiscalía encargada del proceso no investiga a nadie por esta desaparición y el proceso no cuenta con el impulso adecuado para lograr resultados.

Tal y como sucedía en la época de los hechos descritos, Colombia sigue siendo un país peligroso para la defensa de los derechos humanos, actividad a la que Alirio dedicó su vida. No siendo suficiente eso, en este caso, como en muchos otros, el Estado le ha negado a la familia el derecho que le asiste a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición y a la no revictimización. Por ello, desde la Comisión Colombiana de Juristas seguiremos haciendo un llamado para que se avance en la investigación penal, se juzguen a los responsables de su desaparición forzada y se encuentre al abogado Alirio de Jesús Pedraza Becerra.

Comisión Colombiana de Juristas