Incidencia Internacional

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Mas de 300 organizaciones alrededor del mundo urgen a la más alta instancia global en Derechos Humanos a actuar frente a la grave situación en Colombia

Miércoles 23 de junio de 2021

Ginebra, 23 de junio del 2021. El pasado 22 de junio del 2021, en el marco de la sesión número 47 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, un grupo conformado por más de 300 organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, movimientos sociales y asociaciones de víctimas, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas, leyeron una declaración oral conjunta pidiendo acción por parte de la comunidad internacional ante las graves violaciones a los derechos humanos cometidas estas últimas semanas en Colombia.

Las numerosas organizaciones reafirmaron las preocupaciones expresadas por la Alta Comisionada de Derechos Humanos, la señora Michelle Bachelet, este lunes (21 de junio), durante la presentación del informe anual, quien llamó a la realización de investigaciones prontas, efectivas e independientes ante las 56 muertes (54 de ellas de civiles y 2 de policías) registradas por su Oficina en el contexto de las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021 (Paro Nacional), así como a la implementación del Acuerdo de Paz como clave para abordar las causas estructurales que han generado las protestas y la brutal respuesta del Estado a estas.

Asimismo, durante el respectivo diálogo interactivo, las misiones diplomáticas de Bélgica y Suiza solicitaron respeto al derecho a la libertad de reunión y expresaron preocupación por el uso excesivo de la fuerza, llamando a establecer canales de diálogo.

Mediante la declaración, las organizaciones firmantes resaltaron los asesinatos, el uso excesivo de la fuerza, los actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los ataques, incluidos los ciberataques contra quienes ejercen su derecho a protestar en Colombia.

Las organizaciones expresaron que estos hechos constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos, que han tenido lugar a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que instó a la Fuerza Pública de Colombia a no actuar de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones y los llamamientos de mecanismos de derechos humanos a cesar estas violaciones.

Igualmente destacaron que las protestas se vinculan a reivindicaciones estructurales ligadas a los derechos humanos, incluyendo la pobreza -el 42% de la sociedad colombiana vive en la pobreza y el 15% en la pobreza extrema - , la desigualdad, injusticias sociales crecientes, la impunidad, el racismo y la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales, campesinas, sindicales e indígenas y la prensa, y a la falta de la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Las organizaciones exhortaron al Consejo de Derechos Humanos a exigir a Colombia el cese del uso de violencia y el respeto del derecho a la protesta pacífica; a que investigue de forma independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto, a que acepte la visita de los procedimientos Especiales y a que apoye el logro de consensos sociales en torno a las demandas estructurales.

Finalmente pidieron a la Alta Comisionada que, por medio del monitoreo de su oficina en Colombia, elabore un reporte sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.

La declaración conjunta que agrupó diversas organizaciones de Colombia, América Latina y de distintos países del mundo fue leída ante el Consejo por un representante de la Familia Franciscana en Colombia.

A pesar de que la relación entre las protestas y la falta de una efectiva implementación de los Acuerdos de Paz de la Habana ha sido constantemente mencionada dentro de las demandas de las organizaciones sociales colombianas, en su respuesta a la Alta Comisionada el Estado Colombiano negó la vinculación entre el Paro Nacional y la falta de implementación de los acuerdos, una vez más haciendo oídos sordos a las reivindicaciones de los sectores involucrados en las protestas y restando relevancia a la implementación de acuerdos internacionalmente vinculantes.