Litigio penal

Tras 20 años de la masacre paramilitar, Los Tupes sigue resistiendo a la violencia y el abandono estatal

Bogotá, 30 de mayo de 2021. Durante la noche del 30 de mayo del año 2001, el municipio San Diego, en Cesar, estaba fuertemente militarizado. Aun así, en el corregimiento Los Tupes, ubicado a unos tres kilómetros de la cabecera urbana, la fuerza pública solo hizo presencia en la madrugada, cuando ya se había perpetrado una masacre. Integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la fuerza pública incursionaron en Los Tupes para dirigirse a las casas en donde, a tales horas, dormían tres familias.

En la primera casa, donde permanecían siete menores de edad, los paramilitares llamaron al jefe del hogar desde la parte exterior, dispararon en diversas ocasiones y lanzaron una granada; sin embargo, cesaron el ataque cuando se dieron cuenta de que la persona que buscaban había escapado por una puerta trasera con la vana intención de dar aviso a las autoridades de San Diego.

La tropa paramilitar, luego de dicha arremetida, se dividió en dos. El primer grupo fue a la segunda casa en donde embistió a los ocupantes con escopetas y explosivos. Uno de los atacantes subió a la parte superior de la construcción e insertó en el interior una granada que provocó la muerte de cuatro menores de edad y lesionó a dos personas más. Finalmente, el segundo grupo fue a la última casa. La rodearon en cada una de las esquinas para impedir algún escape y atacaron con ímpetu a sus moradores con ráfagas de fusil y bombas. Cuatro personas murieron, entre ellas un menor de edad, y dos más resultaron con heridas que permanecen hasta el presente.

El jefe de la primera casa atacada llegó a la estación de Policía de San Diego a las dos de la mañana, cuando aún se escuchaban los estallidos. El comandante de Policía se contactó con su homólogo del Batallón de Contraguerrilla Guajiros No. 2; sin embargo, al escuchar lo sucedido, los integrantes de la fuerza pública no le creyeron, lo tomaron por loco y lo responsabilizaron de ser uno de los culpables de la masacre. Solo dos horas después enviaron personal a Los Tupes, cuando todo era silencio y solo quedaba la huella de la masacre.

Con el tiempo, y de forma lenta y tardía, se ha conocido la verdad de lo ocurrido. Un miembro del Ejército fue condenado en justicia ordinaria y seis integrantes del Bloque Norte de las AUC aceptaron su participación en los hechos en la jurisdicción de Justicia y Paz. A pesar de ello, los antecedentes han empañado aquellos resultados en materia de justicia. Tiempo después de la masacre, cuando aún no había vinculados ni condenas, familiares de las víctimas directas que participaban activamente en el proceso penal fueron amenazados y dos de ellos asesinados.  

Hoy se cumplen 20 años desde aquellos hechos y a los familiares no solo les preocupa las represalias que puedan darse en su contra sino, sobre todo, la desidia del Estado para repararlos; pues el tiempo ha pasado, y las evidencias de la participación de miembros del Estado y de grupos paramilitares han sido ignoradas. Ninguna medida ha sido destinada para la reparación de las víctimas.

Los familiares temen por sus vidas. Muchos de ellos han decidido no recordar los hechos, olvidar este episodio que se perpetró en su contra, y seguir adelante; sin embargo, el dolor por el recuerdo ha infestado de tristeza su día a día.

Para que no se repita, hoy conmemoramos veinte años de la masacre de Los Tupes.

Comisión Colombiana de Juristas.