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La construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos obliga al Estado colombiano a garantizar suficiente y adecuada participación y deliberación ciudadana

Bogotá, abril 13 de 2021. La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz y la Plataforma LGBTI por la Paz somos redes de organizaciones defensoras de derechos humanos que hemos venido participando del proceso de construcción de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos para Colombia desde hace varios años. En virtud de este proceso  suscribimos, en octubre de 2018, junto a varias organizaciones y sectores sociales, representantes del gobierno del presidente Iván Duque Márquez, delegados y delegadas del Sistema de Naciones Unidas, MAPP-OEA y un grupo de países cooperantes, la “Declaración conjunta por los derechos humanos un compromiso por Colombia”, y hoy queremos comunicar a la opinión pública en general y las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos, en particular, nuestra preocupación frente al rumbo que este proceso ha venido tomando bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

Con la misma seriedad y rigurosidad con las que hemos participado en este proceso durante varios años, con propuestas concretas para la toma de decisiones sobre los contenidos del Plan, las instancias de gobernanza, la estructura del documento, la ruta metodológica, la exigencia por las garantías suficientes para la efectiva y real participación de todas las personas defensoras de derechos humanos en todo el territorio nacional, tal y como lo han recomendado diferentes instancias internacionales,  hoy compartimos públicamente las observaciones sobre la etapa que actualmente se adelanta en varias regiones del país, la cual desconoce los acuerdos previamente definidos en la Instancia de coordinación del Plan.

A finales del año 2018, luego de aprobarse una estructura de contenido, y de que se llevaran a cabo talleres de alistamiento en más de 15 departamentos, el gobierno nacional debía preparar un documento base que recogiera las recomendaciones realizadas por autoridades locales, entes de control locales y sociedad civil durante esta fase, así como los avances logrados por el Estado en la implementación de la Estrategia de derechos humanos. Este documento sería la base para la construcción del Plan en los territorios. Inexplicablemente, el documento nunca se elaboró y el proceso entró en una etapa de congelamiento. 

En el segundo semestre de 2019 fuimos convocados nuevamente para conocer el documento base. Este texto que se nos compartió no recogía apropiadamente la riqueza de discusiones que se dieron en la etapa de alistamiento, no contaba con elementos de diagnóstico de la situación y no recogía las recomendaciones internacionales formuladas a Colombia por organismos especializados en derechos humanos. Como plataformas presentamos, oportunamente y por escrito, nuestras observaciones y sugerencias al documento, pero la respuesta fue de nuevo silencio por parte del gobierno.

En julio del 2020, fuimos convocadas nuevamente para retomar el proceso de construcción del Plan. Inicialmente se propuso dar trámite a las observaciones presentadas y acordar cómo retomar la ruta de construcción. Además, se acordó que el gobierno presentaría un “plan de choque” para responder a los elevados niveles de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, cuya aplicación permitiera, entre otras, la participación en la construcción del Plan con adecuadas condiciones de seguridad.

En agosto del 2020, considerando las restricciones ocasionadas por el Covid 19, La Alianza, la Plataforma Colombiana y la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz presentamos una nueva propuesta para la deliberación territorial y la adopción del Plan, elaborada a partir de la Ruta aprobada originalmente en el año 2018. El objetivo que se buscaba era el de mantener el acuerdo de garantizar un proceso territorial y sectorial de diálogo y deliberación participativa lo más amplio posible para la construcción del PNADH, incluso bajo las circunstancias generadas por la pandemia. La nueva Ruta se aprobó e iniciaba con el ajuste del documento borrador.

En septiembre de 2020, la Comisión Asesora de Derechos Humanos y Paz de la Defensoría del Pueblo (creada en virtud del Acuerdo de Paz), de la cual hacemos parte también, envía a la Consejería para los Derechos Humanos, sus observaciones al documento borrador del Plan. La Plataforma LGBTI por la Paz también presenta propuestas y solicita que se incorporen los documentos de los principios de Yogyakarta y Yogyakarta +10.  Nunca volvimos a recibir noticias de su incorporación, y de nuevo cesaron las convocatorias e informaciones sobre el proceso. 

Con sorpresa nos enteramos hace un par de semanas atrás, ya en marzo de 2021, que la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, desconociendo los acuerdos previos y sin que exista el plan de choque para garantizar la vida y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos, ha continuado avanzando unilateralmente en la construcción del Plan. Así, supimos que se habían convocado una serie de talleres departamentales, de carácter virtual, que no fueron acordados con las instancias de gobernanza del proceso.

Lamentamos esta decisión del gobierno nacional que desconoce, una vez más, la recomendación que se le hiciera a los Estados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, y entorpece por esta vía la interlocución con la sociedad civil organizada. Así lo hemos manifestado en las reuniones a las que hemos sido convocadas. Dejamos constancia de que la ruta metodológica no fue concertada, de que no se recibió el documento borrador requisito para el inicio de la etapa de consulta ciudadana y que incluso se desistió de elaborar dicho documento, que no se ha adoptado el plan de choque, anunciado por la consejera en 2020, para garantizar la protección de la vida de las personas defensoras de derechos humanos.

Reiteramos nuestro firme compromiso con la construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y nuestra voluntad de seguir participando del proceso. En ese sentido, hemos presentado a la Consejería comentarios argumentados a la nueva matriz síntesis que está sirviendo como insumo para la deliberación territorial, así como propuestas de ajuste a las siguientes etapas de la nueva ruta metodológica. Sin embargo, también mantenemos la exigencia de que se brinden garantías a la vida y la participación de las personas defensoras de derechos humanos, de que se honren los compromisos adquiridos y de que se respete el carácter participativo de la totalidad del proceso de construcción del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Insistimos en que se convoquen de manera urgente y periódica al Comité Técnico, y a la Instancia de Coordinación para que el proceso continúe tal y como se acordó, y así lograr la adopción del Plan en el menor tiempo posible, pero sin que ello implique sacrificar ni la deliberación ciudadana, ni la calidad de los resultados.

Contactos para ampliación de información:

Liliana Vargas, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo: Liliana.vargas@ati.org.co

Edgar Robles, Plataforma LGBTI por la Paz: celular 3143728526

Paola Sánchez, Alianza de Organizaciones Sociales y Afines: celular 321 8749523

Rosa Emilia Salamanca, Cumbre Nacional de Mujeres y Paz: celular 318 2269722