Litigio Internacional

Compartir en  

Familia de Jaime Enrique Gómez exige justicia ante organismos internacionales después de 15 años de impunidad en la jurisdicción nacional

Domingo 21 de marzo de 2021

Bogotá, 21 de marzo de 2021. Hace 15 años Jaime Enrique Gómez Velásquez fue asesinado, y su crimen sigue en la impunidad.  Él fue un dirigente social, sindicalista y político de la oposición colombiana. Sus estudios en Historia, junto a su amplia experiencia en el movimiento sindical de la ETB, le permitieron ser concejal de la ciudad capital a finales del siglo pasado. También contribuyó a la creación de la Central Unitaria de Trabajadores y fue docente universitario en varias instituciones de educación superior en Bogotá. Hacia el año 2005, Jaime Enrique era integrante del movimiento político Poder Ciudadano Siglo XXI y se encontraba cursando estudios de posgrado en Ciencia Política. Para entonces, ya era reconocido en el país por asesorar a personalidades políticas como Antonio Galán y Piedad Córdoba. Por su liderazgo y compromiso con el cambio en Colombia, el 21 de marzo de 2006 y a sus 55 años, fue desaparecido forzadamente y luego asesinado. 

Desde entonces, y hasta la fecha, la investigación penal por estos hechos no ha tenido avances significativos. Por el contrario, desde su inicio ha tenido serias irregularidades que han provocado la desviación de la pesquisa y que han propiciado varios escenarios de revictimización institucional hacia la familia de Jaime Enrique. Un ejemplo de esto han sido los pronunciamientos hechos por el presidente de esa época, por integrantes de la SIJIN y de la Fiscalía, quienes buscaron presentar los hechos como si se tratara de un accidente o suicidio y no de un homicidio.

Entre otros escenarios de revictimización están la demora en activar los mecanismos de búsqueda, las preguntas impertinentes sobre aspectos irrelevantes que hicieron los investigadores que entrevistaron a la familia, la falta de rigor técnico en el levantamiento del cuerpo, los sucesivos cambios de despacho encargado, o la reiterada negación de acceso al expediente por parte de las fiscalías.  Por aspectos como estos, tras quince años de interpuesta la denuncia por este crimen, el ente investigador no ha dado con los responsables del rapto y posterior homicidio del dirigente político.

A su vez, por continuar exigiendo justicia, la familia del sindicalista y opositor político ha sido víctima de múltiples amenazas en su contra. Seguimientos, interceptaciones, panfletos de grupos armados, llamadas amenazantes y advertencias para disuadirlos de continuar con el proceso penal, fueron algunos de los mecanismos usados para intimidar a las víctimas. En algunos casos, esas intimidaciones obligaron a que familiares de Jaime Enrique tuvieran que exiliarse.

Como consecuencia de la dilación de acceso a la justicia y las amenazas recibidas en su contra, las víctimas acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009. El 5 de mayo de 2019, la CIDH admitió el caso a través del informe de admisibilidad N° 67/19; y en marzo del 2020 la CCJ, en representación de la familia de Jaime Enrique, presentó ante la CIDH el informe de observaciones de fondo, el cual busca que la Comisión recomiende al Estado colombiano: i) avanzar en la investigación penal hacia la individualización y juzgamiento de las personas responsables, ii) reparar integralmente a las víctimas, iii) reconocer públicamente la responsabilidad estatal en estos hechos y desagraviar la memoria del dirigente político y iv) concertar con la familia de Jaime medidas efectivas de no repetición, entre otras recomendaciones.

Sin embargo, y tras un año de haber hecho estas solicitudes, el Estado colombiano no ha presentado observaciones ante la CIDH y este órgano no ha proferido el informe respectivo. Desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado para que se avance en la investigación penal y en el juzgamiento de los responsables del asesinato de Jaime Enrique Gómez, así como en el proceso ante la CIDH por la responsabilidad internacional de Colombia en estos hechos y solicitamos que se adopten las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a su familia.

Foto: Alonso Cruz

Comisión Colombiana de Juristas