Litigio internacional y contencioso administrativo

Después de 30 años y una recomendación de la CIDH, las medidas de memoria del caso de Valentín Basto y de Pedro Camargo todavía siguen pendientes

El 21 de febrero de 1988, Valentín Basto Calderón, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) de la provincia de García Rovira en Santander, vicepresidente del Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de García Rovira y concejal del municipio de Cerrito, Santander, fue asesinado a tan solo 20 metros de la estación de policía del municipio. En estos hechos resultó herido Pedro Vicente Camargo, agricultor del corregimiento de Servitá, quien horas después falleció. De igual forma, Carmenza Camargo, hija de Pedro, de tan solo de ocho años, resultó gravemente herida.

Debido a su rol como líder campesino y defensor de los derechos humanos, Valentín Basto había sido objeto de señalamientos, amenazas y hostigamientos los años y meses anteriores a su asesinato por parte de integrantes de la fuerza pública. El 8 de octubre de 1988, ocho meses después de la muerte de Valentín Basto Calderón, su primo Martín Calderón Jurado –quien lo había reemplazado como asesor jurídico del Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de García Rovira y miembro de la ANUC de dicha localidad— fue asesinado en la carretera que conduce de Cerrito a Chitagá.

Tras el homicidio de Valentín, sus familiares fueron amenazados y hostigados. Pobladores del municipio afirmaron que militares y policías celebraron el asesinato del líder campesino, manifestando que “si Valentín volvía a vivir, lo volvían a matar”.

A pesar de que integrantes de la fuerza pública intentaron impedir la presentación de la denuncia penal por estos hechos, el 22 de febrero de 1988 se abrió indagación preliminar por los asesinatos de Valentín Basto y Pedro Camargo, así como por las lesiones de Carmenza Camargo. Después de varios años en los que la investigación fue cambiada de jurisdicción y varias inhibiciones, suspensiones provisionales y falta de impulso, en 2018 el caso quedó en la impunidad al cerrarse definitivamente.

En 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado colombiano por el asesinato y amenazas en contra de Valentín Basto, el asesinato de Pedro Camargo, así como las lesiones sufridas por Carmenza Camargo. De igual forma, declaró la violación de los derechos a la libertad de asociación y derechos políticos de Valentín Basto en su calidad de líder y defensor de derechos humanos. En el marco de esta declaración, la CIDH emitió una serie de recomendaciones con el fin de reparar integralmente  a las víctimas y sus familiares.

Como medida tendiente a la recuperación de la memoria histórica de Valentín Basto Calderón, en su condición de líder social, se dispuso la restauración de la casa campesina de Cerrito, Santander. Luego de 33 años de ocurridos los hechos, y de siete años de la recomendación impartida por la CIDH, el Estado no solo no ha avanzado en el cumplimiento de esta medida, si no que quiere cambiarla, atrasando así su materialización.

Los familiares y la Comisión Colombiana de Juristas hacen un llamado al Estado para que de forma definitiva cumpla con la recomendación dada por la CIDH que busca recuperar y enaltecer la memoria del líder social Valentín Basto Calderón, medida que resulta indispensable e importante en el país donde más amenazan y asesinan líderes y lideresas sociales.

Bogotá, 21 de febrero de 2021

Comisión Colombiana de Juristas