Litigio penal

Se cumplen 22 años del asesinato de Alejandro Domicó Echavarría, defensor de los derechos de su comunidad Embera Katío

El primero de febrero de 1999, paramilitares de las Autodefensas de Córdoba y Urabá (ACCU) instalaron un retén en el río Sinú, en el sector llamado “El Gallo”, municipio de Tierralta (Córdoba).  Allí les prohibieron el paso a las canoas (denominadas “Jhonson” por los campesinos e indígenas de la zona) que se dirigían hacia Puerto Frasquillo, a la vez que los pasajeros fueron obligados a descender y posteriormente se les condujo hacia el interior de dicha zona.

Una de las personas que dirigía uno de los “Jhonson” era Alejandro Domicó Echavarría, miembro de la comunidad indígena Embera Katío del Alto Sinú.  Meses antes había comprado su canoa, y se había dedicado a transportar pasajeros por el río Sinú.  Este tipo de embarcación es el único medio de acceso a muchas comunidades en el Nudo del Paramillo, zona geográfica en la cual se ubica el resguardo de ese pueblo indígena.

Cabe recordar que en parte de este territorio fue instalada una hidroeléctrica a finales de los 90. No hubo un proceso de consulta previa con la comunidad que resultaría afectada por su instalación en esta zona ancestral para los Embera. Esto no solo produjo cambios en su cultura, sino que también propició un conflicto socioambiental en la zona, situación que provocó la desaparición y el asesinato de indígenas.  Uno de ellos fue Alejandro, quien estaba acompañado de dos campesinos que también habrían sido retenidos.

Unos paramilitares los llamaron, y los apartaron del grupo tras encontrar sus nombres en una lista. El primero de febrero, en horas de la tarde, fueron asesinados y la totalidad de las canoas inmovilizadas fueron quemadas. 

La justificación que tuvieron los paramilitares frente a la comisión de este hecho fue aducir que Alejandro Domicó había transportado a la guerrilla en su canoa.  De hecho, Salvatore Mancuso Gómez, condenado por estos hechos en 2011, luego de acogerse a sentencia anticipada tras haber reconocido su responsabilidad por el delito de homicidio agravado, señaló que: “fue una operación militar para incautar material de intendencia y víveres que iban con destino a la subversión y decomiso y destrucción de canoas de la guerrilla”.

Por aquella época era constante la presencia de los grupos paramilitares en el territorio del resguardo indígena, y frecuentes los retenes a lo largo del Río Sinú.  El homicidio de Alejandro Domicó estuvo antecedido de una serie de retenciones acompañadas de amenazas y otras violaciones contra el pueblo indígena Embera Katío del Alto Sinú y campesinos de la región, a quienes señalaban de tener vínculos con la guerrilla

El homicidio de Alejandro Domicó Echavarría fue catalogado por la Fiscalía en marzo de 2019 como un crimen de lesa humanidad.  Si bien a la fecha continúa en etapa de investigación preliminar, tendiente a determinar la responsabilidad de otras personas (paramilitares, terceros y/o agentes del Estado) involucradas en su muerte, esta es una labor que se ve entorpecida por el paso del tiempo; factor que también repercute en los derechos a la verdad y la justicia. 

Hoy, cuando se cumplen 22 años de este lamentable suceso, es preciso reflexionar sobre la problemática de los derechos territoriales reconocidos a las comunidades indígenas, la presencia de grupos armados y los intereses particulares en el uso de sus recursos.  Desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado para que todas las vidas sean protegidas, en especial las de comunidades indígenas como la Embera, a quienes les han sido arrebatas sus tierras, su cultura y su legado.

Bogotá, primero de febrero de 2021

Comisión Colombiana de Juristas