Litigio internacional y contencioso administrativo

Organizaciones de la sociedad civil pedimos a la CIDH una visita oficial a Colombia

9 de diciembre de 2020. En el preámbulo de la conmemoración del 10 de diciembre, la situación del país llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Organizaciones de derechos humanos solicitamos a la Comisión una visita in loco durante la audiencia ante la CIDH sobre la situación general en Colombia, que se llevó a cabo este 9 de diciembre. También pedimos al organismo incluir a Colombia en el capítulo 4 de su informe anual, en el que se exponen las situaciones de los países, materia de especial preocupación. Esto debido al incremento de graves violaciones a los derechos humanos desde la llegada a la presidencia de Iván Duque, específicamente, desde su segundo año de gobierno.

Las organizaciones peticionarias encontramos que hay una desfinanciación, parálisis e interferencias al cumplimiento del Acuerdo de Paz, particularmente en las áreas de Reforma Rural Integral y Solución al Problema de las Drogas Ilícitas. Los programas voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos (PENIS) han tenido múltiples dificultades con efectos como la grave situación humanitaria que enfrentan las comunidades negras e indígenas del Pacífico nariñense[1] y los 15 casos de ejecuciones extrajudiciales que ha registrado la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CEEU), en contextos de erradicación forzada. En relación con el enfoque de género, solo un 33 % de las medidas contempladas en favor de mujeres y población LGBT ha tenido una respuesta satisfactoria y menos del 10 % del capítulo etnico para la Paz.

Además de esto, durante la pandemia a la que actualmente se enfrenta el mundo como consecuencia del covid–19, en Colombia se advierte un incremento de la violencia policial y de la militarización de la vida social, lo cual va en contravía de un país que busca la construcción de paz. También se observa con preocupación la concentración de poderes en cabeza del Ejecutivo y con esto, el debilitamiento de la democracia.

Según la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2020, se han presentado por lo menos 326 agresiones a la protesta social, 2.854 detenciones, 1.177 personas heridas (27 con lesiones oculares) y 72 muertes de personas mientras ejercían su derecho constitucional; del total de muertes se presume que 37 fueron cometidas por miembros de la Fuerza Pública y 24 por la guardia penitenciaria. De las demás se desconoce el autor. Esta situación de abuso policial tuvo su punto más álgido durante las recientes protestas del 9 y 10 de septiembre, cuando fueron asesinadas 13 personas con arma de fuego en hechos que comprometen la responsabilidad de la fuerza pública, y 240 más resultaron heridas; el 21 de marzo, una protesta de internos en la cárcel La Modelo por la ausencia de medidas de protección frente a la pandemia fue reprimida a balazos, causando la muerte a 24 internos y heridas a 86 más. En ambas masacres, las investigaciones no han avanzado más allá del nivel preliminar, sin que ningún agente estatal haya sido detenido por estos crímenes.

Franklin Castañeda, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que intervino a nombre de la sociedad civil, expuso cómo durante 2019 y 2020 se registraron múltiples movilizaciones sociales en Colombia, incluso en el marco de la pandemia del COVID-19, “muchas de ellas protagonizadas por la demanda de una mayor atención humanitaria por los efectos del aislamiento, contra las políticas de gobierno y en rechazo a los excesos presentados por las fuerzas armadas y la Policía Nacional.” Durante estas protestas, añadió, se han presentado las siguientes violaciones a los derechos humanos: i) uso excesivo de la fuerza, ii) detenciones arbitrarias, iii) violencia sexual en el marco de las detenciones arbitrarias, iv) impunidad, pues la fuerza pública no ha rendido cuentas acerca de las acciones en las que se han vulnerado derechos humanos en el marco de protestas. Tampoco hay claridad sobre la cadena de mando que da las órdenes para establecer responsabilidades. v) Reiterada descalificación y desconocimiento del derecho a la protesta por parte del Estado colombiano.

Por otra parte, mientras en 2017 se perpetraron 11 masacres, en 2018 fueron 29, 36 en 2019 y se han documentado 79 masacres con 340 víctimas en lo corrido del año 2020.Según Indepaz, este año 60 excombatientes de las FARC habrían sido asesinados, con lo cual serían 255 desde la firma del Acuerdo en noviembre de 2016. De igual forma, este año han sido asesinados 287 líderes y lideresas sociales. “Las amenazas se han incrementado sustancialmente después de la Minga Indígena y el Paro Nacional”, señaló Jomary Ortegón, abogada defensora de derechos humanos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar-, durante su intervención a nombre de las organizaciones peticionarias; ella insistió en la pregunta: “¿Quiénes son las Águilas Negras que nos amenazan?”

Se estima que en 90 % del territorio nacional hacen presencia grupos armados. Un ejemplo de ello es la grave situación que se vive en Bahía Solano (Chocó), donde se desplazaron 906 indígenas por amenazas del Clan del Golfo luego de que el Mayor de la comunidad indígena Embera Miguel Tapí fuera asesinado por grupos paramilitares, de los cuales el Gobierno no cesa de negar su existencia.

La Consejera de Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Aida Quilcué, señaló ante la CIDH que, pese a que la Corte Constitucional en el marco del Auto 009 ordenó la protección de las comunidades de Cauca y Nariño y hay cuatro órdenes de medidas cautelares, entre enero y septiembre de 2020, en el Cauca se registraron 63 personas indígenas asesinadas, 75 amenazas y 23 atentados. “El 2020 ha sido un año particularmente difícil para todos los pueblos y naciones indígenas en Colombia, especialmente para los pueblos Awá y Nasa en Nariño y Cauca. En Nariño, 10 Awá fueron asesinados y luego se presentó una masacre de cinco jóvenes. También ha habido enfrentamientos en territorio fronterizo, tres atentados, confinamientos y desplazamiento masivo en resguardos indígenas. Este fin de semana, en un solo día, asesinaron a cinco personas de los pueblos indígenas del Cauca”. Al finalizar su intervención hizo un especial llamado y solicitó a la Comisión visitar los territorios para verificar esta grave situación que viven las comunidades en el país.

El Estado, en cabeza del embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, afirmó durante la audiencia que “los grupos armados ilegales y los cultivos de uso ilícito son los principales enemigos de las comunidades y en especial del pueblo Awá y que se han adoptado acciones de atención integral”. Añadió que en diferentes escenarios ha recibido petición de no militarización por parte del pueblo Awá. “No desconocemos la guardia indígena, pero por los factores de riesgo es imprescindible contar con la fuerza pública y un deber constitucional”.

Al respecto, Alberto Yepes, vocero de la sociedad civil e integrante de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), señaló que en los departamentos más militarizados se han concentrado las masacres y la violencia, y resaltó que en los departamentos de Cauca y Nariño, donde se presentaron el 30% de las masacres registradas este año, hacen presencia la Fuerza de Tarea Apolo en Cauca, y en Nariño las Fuerzas de Tarea Hércules, Poseidón y el Fudra No. 2. Hay denuncias de pactos entre grupos armados ilegales y agentes de la fuerza pública. “Los ataques e incumplimiento a los Acuerdos de Paz son el principal factor que contribuye al deterioro de la situación de derechos humanos. Hemos vuelto a los peores momentos de la época de la seguridad democrática”, señaló Yepes.

Yepes afirmó también que uno de los mayores obstáculos para superar la impunidad del exterminio de los liderazgos sociales, la proliferación de masacres, agresiones a la protesta social y crímenes como la violencia sexual ocasionada por la militarización desbordada de los territorios, se explica por la dinámica de concentración del poder en manos del Ejecutivo; entidades como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría se encuentran bajo la dirección de personas vinculadas a la coalición de gobierno y no guardan ninguna independencia en relación con el mismo. De igual forma ocurre en la Corte Constitucional, la Comisión de Disciplina Judicial y otros organismos, en los que han sido elegidos funcionarios que tienen fuertes vínculos con el Ejecutivo o con la coalición gobernante. Ello explica el poco avance y el nulo desempeño en las investigaciones contra altos responsables en el Estado y en la coalición gobernante implicados en estos crímenes.

En relación con el derecho a la protesta, el embajador ante la OEA señaló que está garantizado por el Estado colombiano y que es un derecho “sagrado”. Respecto a las protestas del 9 y 10 de septiembre y otras durante la pandemia, afirmó que “fueron actos de violencia a gran escala, planificada y controlada” contra instalaciones de policía que “desbordaron las capacidades” de respuesta de las autoridades.

Las organizaciones peticionarias insistieron en que la impunidad motiva la continuidad de abusos policiales. “Desde 2016 a 2020 existen 7.491 denuncias sobre abusos policiales, solo en Bogotá y ninguna, según información oficial, ha llegado a cargos contra agentes de la fuerza pública.” Por tal motivo, Franklin Castañeda solicitó seguimiento al asesinato de Dilan Cruz y a las investigaciones por las 14 personas que murieron por balas disparadas por la Policía el 9 y 10 de septiembre de este año.

Sobre masacres y situación de defensores de derechos humanos, Ordóñez aseguró que el gobierno rechaza y no niega estos crímenes, y que no se hace referencia al término de masacres porque se incluyó el término homicidios colectivos en el manual de transparencia del Ministerio de Defensa. “El principal riesgo para la defensa de derechos humanos se debe a cultivos de uso ilícito, explotación ilícita de yacimientos ilegales y acción de grupos armados ilegales”.

Durante su intervención, la comisionada de la CIDH Esmeralda Arosemena insistió en la necesidad de tener un acercamiento con la sociedad civil para dialogar sobre “la información que tenemos de asesinatos de jóvenes que reconocemos como masacres”. La comisionada también expresó su solidaridad para que llegue la respuesta a los derechos humanos a Colombia.

Por su parte, la comisionada Margaret May Macaulay expresó que mantiene su preocupación por la situación de seguridad y el acceso a la justicia para las mujeres y la población afrodescendiente e indígena en Colombia, al tiempo que interrogó al Estado colombiano por el número específico de autores intelectuales, no materiales, de crímenes contra personas defensoras y comunidades que han sido procesadas por la justicia colombiana.

Entre tanto, la comisionada Julissa Mantilla aclaró que toda masacre es un homicidio colectivo y que no significa que no se produzcan por cambiarles de nombre. También llamó la atención sobre patrones de violencia sexual en el marco de la protesta, trata de personas inmigrantes y el caso de violencia sexual contra una menor embera, al tiempo que pidió información sobre medidas de prevención, atención en salud sexual y reproductiva, y sanción frente a estos hechos. La comisionada expresó especial preocupación por las denuncias de la prensa de cánticos militares sexistas y violentos como parte del entrenamiento que recibe la fuerza pública.

La comisionada Antonia Urrejola, relatora para Colombia, expresó el compromiso y respaldo de la CIDH al Acuerdo Final de Paz y señaló que “nos parece fundamental el proceso de paz en relación con la vida y los derechos humanos de todos y cada uno de los colombianos”. También reiteró su disposición para colaborar con el Estado, la sociedad civil y las víctimas en su implementación. Al cierre de la audiencia, expresó que ha habido conversaciones con el Estado sobre su disposición para realizar una visita in loco, que no ha superado la etapa informal, ante lo cual insistió en la disposición de la CIDH para realizarla.

Finalmente, se espera que con el panorama general que se presentó desde las organizaciones sociales, la CIDH pueda dar recomendaciones al Estado colombiano y hacer seguimiento de estas, frente a la adopción de medidas concretas en orden a garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en el país.

Organizaciones peticionarias

Asociación para la promoción social y alternativa Minga

Asociación Líderes en Acción

Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -Dh Colombia-

Cabildo Mayor Ricaurte -Camawari-

Campaña defender la libertad asunto de todas

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia-

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar-

Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH-

Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -Codhes-

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos - CCEEU-

Corporación Humanas

Corporación Jurídica Libertad

Corporación Jurídica Yira Castro

Corporación Sisma Mujer

Corporación Reiniciar

Fundación Nydia Erika Bautista

Humanidad Vigente Corporación Jurídica

Organización Nacional Indígena de Colombia

Unidad Indígena del Pueblo Awá -Unipa-

Ruta Pacífica de las Mujeres

Women´s Link Worldwide

[1]Compuesto por los municipios de Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, Santa Bárbara Iscuandé, El Charco, Roberto Payán, Magüi Payán, Mosquera, La Tola, Olaya Herrera, Ricaurte y Mayama