Litigio internacional y contencioso administrativo

Luego de 33 años de la desaparición forzada de 19 comerciantes a manos de paramilitares con apoyo de agentes estatales, las víctimas denuncian incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH que las favoreció

“Aquí no descansan los 19 comerciantes desaparecidos el 7 octubre de 1987 porque sus restos aún no han sido encontrados. Este es sin embargo un monumento a su memoria y en contra del olvido para que el mundo sepa y para que la sociedad y el Estado colombiano recuerden que hechos tan atroces no deben volverse a repetir. El mayor castigo de los culpables es que nunca serán absueltos por su propia conciencia”.          

Placa Conmemorativa del Monumento a los 19 comerciantes ubicada en el parque Los Niños de Bucaramanga

Hace 33 años 17 comerciantes salieron de Cúcuta con rumbo a Medellín para transportar mercancía. El 6 de octubre de 1987, luego de ser requisados por militares en el caserío de Puerto Araújo (Santander), fueron desaparecidos forzadamente por el grupo paramilitar de Puerto Boyacá. Días después, otros dos familiares que se encontraban en la búsqueda corrieron la misma suerte de los primeros 17. Las investigaciones señalaron que los paramilitares contaron con el apoyo de los altos mandos militares en los actos que antecedieron a la detención de las víctimas y en la comisión de los crímenes en su contra. De estos 33 años transcurridos, ya son 16 del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el 5 de julio de 2004 condenó al Estado colombiano por estos hechos, pero que todavía no ha sido cumplido a cabalidad para lograr una reparación integral para las víctimas.

Por estas razones, el Comité de Familiares de los 19 Comerciantes persiste en su lucha incansable por exigirle al Estado la búsqueda de sus familiares y que cumpla con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH-. Las desapariciones causaron graves daños a todas las familias, quienes han experimentado incertidumbre, angustias, dolor y zozobra al no saber el paradero de sus seres queridos durante más de tres décadas. Y a pesar del tiempo mantienen vivo el recuerdo de los desaparecidos, la denuncia y la búsqueda permanente.  

Con ocasión de la conmemoración #33 de los hechos, las víctimas denuncian ante la comunidad nacional e internacional que el Estado colombiano no ha continuado con la búsqueda a pesar de los compromisos que adquirió la ex vicefiscal general de la nación, María Paulina Riveros en el año 2018 cuando se reunió con las familias y comprometió a la Fiscalía en la continuidad de la búsqueda, luego de la entrega de un informe sobre las labores de prospección de años anteriores, que tuvo un saldo negativo en los resultados.

Los familiares ahora confían en los buenos oficios de la doctora Luz Marina Monzón como actual directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, y le piden que tenga en cuenta su larga espera para que active cuanto antes la búsqueda, y de esta manera se puedan recuperar, identificar y entregar los cuerpos de los desaparecidos.

Asimismo, solicitan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que haga seguimiento de su sentencia para que se cumpla la medida de salud, la cual sigue pendiente por parte del Ministerio de Salud. Los familiares de las víctimas no están conformes con la atención psicosocial y en salud integral que se está brindando en el marco del convenio que el Ministerio hizo con la organización operadora, pues no es equitativa para todas las familias al no ofrecer la misma calidad y dedicación, y por el contrario ha habido varios inconvenientes que debilitan la confianza en este proceso. Mientras que con algunas familias hay presiones para brindar la atención, otras ni siquiera han recibido la primera intervención y otras más la reciben de forma inadecuada, pues no corresponde con sus necesidades.  

Adicionalmente, las familias de los desaparecidos rechazan que el Estado colombiano no haya tenido voluntad para cumplir con el criterio de gratuidad para la atención en salud. En estos largos 16 años, aunque la Corte IDH ordenó que todas las familias víctimas en este caso deben acceder gratuitamente a servicios de salud integral, cada gobierno ha evadido esa responsabilidad con propuestas no garantistas, incumpliendo con este criterio. Por eso exigen respeto a la reparación en salud digna, porque los derechos no se negocian.

Para las víctimas cada uno de los desparecidos dejó una huella en sus familias y por eso siempre fue fácil quererlos, pero olvidarlos es imposible. Aunque ya no estén presentes, los siguen sintiendo cerca porque se sienten afortunadas de haberlos tenido. Mientras siga vivo ese recuerdo, la memoria de los 19 comerciantes seguirá presente.

Por las generaciones que vienen y por el orgullo que sienten los familiares de seguir adelante en su reclamo de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, la búsqueda de los 19 comerciantes se mantendrá con las nuevas generaciones que se sumen a esta lucha.

“La paz en Colombia no se podrá consolidar si casos como este no obtienen una verdad completa y una reparación integral y justa a todas las víctimas”.

Comité de Familiares de los 19 Comerciantes
5 de octubre de 2020.