Litigio penal

30 años buscando verdad y justicia en el caso de Carlos Pizarro Leongómez
Desde hace seis meses el proceso se encuentra en la JEP, donde fue remitido para que decida si asume competencia en el caso

El próximo domingo 26 de abril se cumplen 30 años del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, 30 años de una incesante búsqueda de verdad y justicia donde existe una nueva barrera por sortear: la incertidumbre sobre quién asumirá la competencia para investigar, enjuiciar y sancionar de manera efectiva a todos los responsables, especialmente a los agentes estatales.

El asesinato de Pizarro fue uno de varios homicidios cometidos contra importantes líderes políticos y sociales del movimiento AD/M-19 y de partidos de oposición, como la Unión Patriótica, hechos acaecidos a los pocos meses de la desmovilización de la guerrilla del M-19. El máximo comandante de dicha guerrilla y luego candidato presidencial por la Alianza Democrática 19 de Abril (AD/M-19) fue asesinado cuando se dirigía a la ciudad de Barranquilla en el marco de su campaña política. Durante ese trayecto fue acribillado por un sicario dentro de una aeronave de Avianca, en presencia de su esquema oficial de protección provisto por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Los primeros años en búsqueda de justicia y verdad ante la jurisdicción penal interna no arrojaron mayores resultados. Por el contrario, evidenciaron faltas a la obligación estatal de debida diligencia en la investigación, enjuiciamiento y sanción de todos los responsables del crimen, incluidos los agentes estatales. Solo doce años después de los hechos (en 2002) fueron condenados como reos ausentes los jefes paramilitares Carlos y Fidel Castaño, por su participación en el crimen, y en 2010 (20 años después) se declaró el homicidio de Carlos Pizarro como crimen de lesa humanidad, lo que lo hace imprescriptible.

No obstante, lo anterior no condujo a la debida custodia de las pruebas ni al impulso de la investigación del caso. En 2013, en una abierta acción de encubrimiento del crimen, el arma asesina fue fundida por orden del fiscal encargado de su custodia, funcionario contra quien no se ha iniciado investigación alguna y en cambio fue nombrado en un cargo de mayor jerarquía en la Fiscalía General de la Nación.

Fue solo hasta 2015 (25 años después) cuando, bajo la dirección de un nuevo fiscal encargado, la investigación avanzó hasta vincular a exagentes del extinto DAS como responsables en el homicidio de Pizarro Leongómez. En 2017 la Fiscalía acusó a Jaime Ernesto Gómez Muñoz, exagente del DAS que hiciera parte del esquema oficial de protección de Carlos Pizarro, de ser el coautor del magnicidio en el marco de una alianza criminal con otros actores.

Jaime Ernesto Gómez, quien el día de los hechos ejecutó a alias Jerry (el sicario de Pizarro), habría hecho parte de una compleja estructura criminal que se valió de los recursos del extinto DAS para vigilar los movimientos de Carlos Pizarro, propiciar su homicidio y encubrir el crimen. En este complejo plan también habrían participado otros exagentes del DAS de mayor jerarquía, como Manuel Antonio González Henríquez (exjefe de protección del DAS), Flavio Trujillo Valenzuela (exjefe de la sección de corporaciones públicas de la entidad), ambos vinculados a la investigación por indagatoria, y Miguel Alfredo Maza Márquez (exdirector del DAS), quien aún no ha sido vinculado a la investigación a pesar de que contra él se compulsaran copias en 2016. Estos tres funcionarios también están implicados en otros homicidios de importantes líderes políticos de la época.

En marzo de 2020 fue nuevamente sustituido el fiscal a cargo, lo que necesariamente entorpece la investigación y demuestra la falta de voluntad institucional en el avance de la misma. En el caso contra Jaime Ernesto Gómez se estaba ad portas de obtener sentencia después de dos años de etapa de juicio. Sin embargo, el proceso penal fue suspendido por completo el pasado 23 de octubre de 2019 tras la manifestación de sometimiento voluntario del acusado a la JEP, en su calidad de agente del Estado no perteneciente a la fuerza pública. Desde entonces el caso del asesinato de Carlos Pizarro Leongómez se encuentra en una suerte de limbo jurídico, en el que la justicia penal ordinaria lo estima competencia exclusiva de la JEP y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de esta jurisdicción no se pronuncia sobre su competencia. Si la JEP asume la competencia del caso, deberá desarrollar un proceso que garantice los derechos de las víctimas y de la sociedad colombiana a la justicia, a la reparación y a conocer de manera pronta la verdad sobre lo sucedido con uno de los líderes políticos más relevantes de la década de los 80 y comienzos de los 90.

En septiembre de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de Carlos Pizarro para su estudio de fondo. Por tanto, se espera que la justicia internacional reconozca este homicidio como un crimen de Estado y se pueda garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia.

#Pizarro30Años

María José Pizarro y Comisión Colombiana de Juristas
Abril 20 de 2020

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