Incidencia Internacional

A propósito del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura
Comunicado de la Coalición Colombiana contra la Tortura

Para la Coalición Colombiana contra la Tortura[1] este 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes[2] es una  oportunidad para reflexionar sobre la manera en la que este fenómeno, a pesar de ser  invisibilizado en Colombia, continúa ocurriendo, en particular contra los más débiles y vulnerables.

La agudización del conflicto armado en múltiples zonas del país ha traído consigo el aumento de las violaciones a los derechos humanos. Entre ellas se pueden destacar la continuidad y aumento de las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, el asesinato de líderes y lideresas sociales y, en medio de todas ellas, la tortura y los tratos crueles inhumanos.

No parece aleatorio o coincidencia que durante el primer semestre del año 2019 sean cada día más comunes las noticias sobre casos de tortura y malos tratos cometidos por miembros de la fuerza pública y otras instituciones del Estado, como el INPEC.

Para empezar, recientemente se han hecho públicas varias denuncias acerca de los métodos y tácticas militares de control territorial y poblacional del Ejército colombiano en zonas de conflicto. El accionar de las fuerzas militares incluyen abusos, como allanamientos sin orden judicial, destrucción de elementos personales o detenciones arbitrarias transitorias y prolongadas, dentro de las cuales se han practicado interrogatorios extenuantes y con extrema de violencia contra campesinos y pobladores rurales[3].

Un ejemplo de esto es el caso de la Fuerza de Tarea Vulcano en el Catatumbo[4], la cual ha tenido que reubicar su base luego de que las comunidades denunciaran ante organismos internacionales y ante la Defensoría del Pueblo múltiples ejecuciones extrajudiciales, la contaminación de las fuentes hídricas y varios casos de tortura, los cuales incluyen interrogatorios mientras se asfixia con bolsas en la cara a personas, o el intento de arrancar las uñas a las personas si no entregan información sobre los grupos armados que hacen presencia en la zona.

Lo anterior coincide con dos hechos igualmente alarmantes. Por una parte están las denuncias realizadas por el New York Times acerca de las directrices del Ministerio de Defensa que buscaban aumentar el número de bajas en combate, las cuales podrían traer de vuelta el fenómeno de los “falsos positivos”. Por otra parte, están las denuncias realizadas por el Senador Gustavo Petro en el Congreso de la República, donde a través de videos se muestra  que el Ejército colombiano entrena a sus soldados a partir de ejercicios y simulaciones de tortura.

Otra institución que parece practicar torturas y tratos crueles inhumanos o degradantes como parte de su forma de accionar es el Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-. Este, en sus intentos de controlar e intervenir las manifestaciones y paros, incurre en múltiples violaciones a los derechos humanos. Durante el paro estudiantil de finales del año 2018 y la minga indígena del mes de abril de 2019,  el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza dejaron al menos a cinco (5) personas heridas que perdieron un ojo.

En el caso de la Policía Nacional, una de las formas de relacionarse con la ciudadanía, tanto en contextos urbanos y rurales, sería a partir de la demostración de fuerza con tratos constitutivos de tortura. Lo común en las zonas urbanas son las detenciones administrativas seguidas de golpizas, gas pimienta y la obligación de desnudarse[5].

En el caso de zonas rurales las cosas pueden llegar más lejos, incluso con resultados fatales. El ejemplo más reciente es la investigación que tiene privados de la libertad a siete (7) uniformados de la estación de Policía del Villar en el departamento del Valle del Cauca, quienes son acusados de alterar la escena del crimen donde resultó muerto Ricardo Mazo Giraldo, un campesino de la zona que había sido atado de pies y manos, golpeado, desnudando y estrangulado, según informe del Instituto de Medicina Legal[6], todo ello dentro de la estación.

Por otro lado, la crisis carcelaria nunca termina. El alto porcentaje de hacinamiento que llega al 51.4% en el mes de mayo, acompañado de las precarias condiciones de habitación, una alimentación en mal estado, el uso de la fuerza de manera arbitraria, y el abuso del aislamiento prolongado, son una muestra más de la manera en la que el Estado vulnera de forma masiva los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Entre los años 2013 y 2018 la Defensoría del Pueblo reportó 360 quejas por tratos crueles inhumanos o degradantes de mujeres privadas de la libertad. Aunque parezca exagerado, es algo que la misma Corte Constitucional le ha dicho a las instituciones y que hasta el día de hoy no ha tenido una solución efectiva.

Todo lo anterior hace pensar que los distintos cuerpos de seguridad del Estado tienen una forma generalizada de ejercer su poder de manera desproporcionada e injusta, la cual pocas veces es sancionada. El nivel de naturalización es tal que, aunque se esté ante una tortura, la Fiscalía y los jueces imputan otros delitos, olvidando el concurso de conductas lo cual está impidiendo evidenciar la verdadera dimensión de este fenómeno.

Por ello, hoy 26 de junio, como homenaje a quienes han sufrido las diversas formas de este crimen en Colombia en el Día Internacional de Apoyo a las víctimas de la Tortura, la Coalición Colombiana contra la Tortura invita a reflexionar sobre las dimensiones y el impacto de este grave delito en nuestra sociedad y en nuestra historia. Ojalá las diferentes instituciones del Estado, y en particular la administración de justicia, se cuestionen sobre las acciones que se pueden emprender para mitigar los impactos de esta violación a los derechos humanos, para así enviar un mensaje de respeto y garantía a la integridad de todas las personas en Colombia.

[1] Coalición Colombiana contra la Tortura está integrada por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos –ASFADDES-, entro de Apoyo Psicosocial –CAPS-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CCAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas –CCJ-, Corporación Vínculos, Corporación REINICIAR, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos –FCSPP- y Organización Mundial Contra la Tortura –OMCT-.

[2]Declarado así desde diciembre de 1997 por la Asamblea de las Naciones Unidas.

[3] Ver: https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/los-otros-cuestionamientos-al-ejercito-en-el-catatumbo-articulo-857927

[4]Ver: https://canal1.com.co/noticias/ejercito-en-el-catatumbo-hace-torturas-disparos-y-allanamientos-campesinos/

[5]Vease: https://noticias.caracoltv.com/valle/preocupante-denuncia-contra-policia-senalado-de-pegarle-una-patada-en-la-cara-una-mujer

También : https://noticias.caracoltv.com/bogota/mas-de-15-anos-de-carcel-podrian-pagar-policias-que-golpearon-menores-en-el-redentor

[6] véase: https://noticias.caracoltv.com/valle/la-carcel-7-policias-senalados-de-haber-hecho-pasar-homicidio-de-campesino-como-un-suicidio