Litigio penal

19 comerciantes: 31 años de una búsqueda incesante

Así como el pasado es un recuerdo presente, el futuro se forja como una esperanza presente. Tal es la visión que tiene los familiares de los 19 comerciantes quienes, el seis de octubre de 1987, fueron desaparecidos en el municipio de Puerto Boyacá.

Para los familiares es un recuerdo presente porque, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo desde los infaustos hechos, en su mente se mantiene, como un suceso perenne, aquel momento que volcó en tristeza y zozobra sus vidas. Durante 31 años han tenido que padecer trámites engorrosos; han vivido meses de sumisión a procesos judiciales en gran parte infructuosos, días eternos carentes de la presencia de sus seres queridos y, aun así, siguen luchando porque aquel futuro cercano, el de la esperanza presente, no se difumine entre hipótesis carentes de justicia, reparación y, fundamentalmente, de una verdad real.

Sin embargo, aquella expectación que resurgió en 2004, luego de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se condenó al Estado colombiano por los hechos, paulatinamente se ha vuelto a disipar con el pasar de los años al ser manifiesta la indiferencia institucional, la impunidad, la falta de diligencia del Estado para cumplir con lo dispuesto internacionalmente.

Si volvemos a tiempos pretéritos, desde la génesis del proceso las falencias judiciales han sido manifiestas. En su momento los juzgados de instrucción criminal –autoridades encargadas de investigar los hechos delictivos en la época–, no indagaron a cabalidad los sucesos de los 19 comerciantes, tal vez debido a la delicada situación de orden público de la zona, dejando el recaudo probatorio a la Fiscalía para fechas posteriores, seis años después, cuando muchas de las evidencias ya se habían perdido o habían perdido su vigencia. Iniciar la investigación, para aquel momento, si bien era una obligación, se hizo bastante engorroso e insuficiente, pues no se pudo dar con el paradero de todos los responsables ni lograr su judicialización y condena.

Paralelamente, la existencia de falsos testimonios que dieron miembros de grupos paramilitares sobre lo acaecido, desvió la investigación y el proceso de búsqueda. Si bien, en parte aquellos procesos se lograron enderezar en virtud de la sentencia del Tribunal Interamericano, jamás se han podido encontrar los restos de los comerciantes desaparecidos lo cual sería, para sus familiares, un gran avance para clarificar todos los misterios que rodean los sucesos. Aunque la investigación no haya llegado a buen puerto, las víctimas esperan que aquel proceso no se detenga.

Pero la preocupación de los familiares no se ha visto limitada al ámbito de la justicia y de la búsqueda. Otra medida de reparación dispuesta por el Tribunal Interamericano como era la atención integral en salud que cada una de las víctimas debía recibir, ha sido sometida a excusas infundadas, a demoras injustificadas, a la apatía de un Estado indolente que, luego de 14 años, se ha negado a disponer de los medios para sanar física como psicológicamente, en una mínima parte, las imborrables cuitas de aquellas personas. Los esfuerzos de las víctimas y de sus representantes, destinados al cumplimiento de aquella medida, han sido constantes pero no se han visto materializados en ninguna acción concreta por parte del Estado.

Y en eso se ha ido la vida de aquellas personas, en recuerdos del pasado y diminutas esperanzas de un futuro que quieren benéfico, siendo testigos del olvido a que ellos y sus familiares desaparecidos han sido sometidos. Aun así, saben que falta un trecho más por andar y que, a pesar de los obstáculos que en tal camino encuentren, mientras mantengan una mínima esperanza, no dejarán de avanzar.