Columnas de opinón

Fiscalía: antes garantizar que "priorizar"

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El fiscal general Eduardo Montealegre pretende dar un giro a las investigaciones sobre delitos cometidos por estructuras organizadas de poder, tales como violaciones de derechos humanos o corrupción. Se trata de superar la atomización y dispersión actual, en la cual "una misma organización delictiva, una misma situación, o un mismo delito están siendo investigados por diversas unidades nacionales de la Fiscalí­a, con resultados contradictorios", según su asesor Alejandro Ramelli [1]. Para ello, piensa crear en la Fiscalí­a una Unidad especial encargada del estudio de los contextos de criminalidad, que permita orientar y articular las investigaciones.

Dicha Unidad estarí­a integrada por violentólogos, además de fiscales, y aplicarí­a las pautas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la identificación de los contextos. A partir de allí­, se darí­a "la incorporación de sistemas y bases de datos que respondan a las nuevas necesidades y que permitan un adecuado flujo de información y cruces de datos, un cambio en los mecanismos de evaluación del desempeño de nuestros fiscales y el diseño de criterios de priorización", dice Montealegre [2]. En sí­ntesis, en vez del aislamiento en que trabajan funcionarios de la Fiscalí­a (muchas y muchos de ellos en forma abnegada), una integración generada desde la cabeza, que potencie sus valiosos esfuerzos y permita salir de una impunidad que ronda el 99%.

Deseando que este nuevo y acertado enfoque produzca resultados, cabe plantear tres sugerencias:

Primero, que los "criterios de priorización" no conduzcan a ignorar la investigación de delitos no priorizados, que sin embargo deben investigarse. Hay quienes en la Fiscalí­a presentan el nuevo enfoque como sustituto de una justicia supuestamente "maximalista". La Constitución garantiza que las autoridades están instituidas para proteger los derechos de "todas" las personas residentes en Colombia (art. 2°). Si no se tiene claro este principio, se corre el riesgo de terminar en una justicia "minimalista", es decir, una justicia denegada para quienes no queden incluidos en los criterios de la Fiscalí­a.

Segundo, que haya controles adecuados para evitar abusos so pretexto de la priorización. Un fiscal general como el que aparece en las listas conocidas en estos dí­as sobre los beneficiarios de pagos del narcotraficante "Chupeta" [3] podrí­a haber establecido, o establecer en el futuro, unas prioridades contrarias a las esperadas como consecuencia de este nuevo enfoque. Deberí­an preverse recursos ágiles y eficaces para que la ciudadaní­a pueda conocer e impugnar los criterios de prioridad que se adopten por la Fiscalí­a.

Tercero, que se depure a la Fiscalí­a y a su CTI de funcionarios que estén ligados a estructuras criminales. Son la minorí­a, por supuesto, pero no son pocos. Muchos de ellos han estado y siguen ligados al paramilitarismo y a la corrupción. Mientras continúen vinculados a este importante organismo de investigación, el nuevo enfoque no podrá dar todos los resultados positivos que de él se esperan.

Qué conveniente serí­a que en tales condiciones se investigaran los nexos que aparecen dí­a tras dí­a entre múltiples delincuentes y el anterior Gobierno. Eso sí­ que es prioritario.