Columnas de opinón

¿Paramilitares robagallinas?

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Según la revista Semana, "en lugar de seleccionar y priorizar los crí­menes y perpetradores más emblemáticos, como se ha hecho de Nuremberg a Ruanda, en Colombia se está procesando a cada individuo y cada delito ligados al conflicto armado, desde una masacre hasta el robo de una gallina, lo cual pone una carga aplastante sobre los frágiles hombros de la justicia". No es cierto que se esté procesando a paramilitares por el robo de gallinas. Los delitos que han cometido estas personas son masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, desplazamientos forzados y otros crí­menes de lesa humanidad. Los medios de comunicación no deberí­an distorsionar ni banalizar este tema.

La Corte Constitucional ha autorizado que, conforme a la ley 1424 de 2010, se suspenda la pena a los paramilitares que no hayan cometido ningún delito grave, más allá de su pertenencia a tales grupos. El anterior Alto Consejero para la Reintegración habí­a dicho que tení­a registrados y controlados a cinco mil desmovilizados. El Alto Consejero ha reconocido ahora que no tiene información acerca de ocho mil paramilitares que deberí­an estar inscritos en sus programas de reinserción. Si el problema fuera solo ese, ya serí­a suficientemente serio, pero puede ser mayor todaví­a.

De los 31.650 paramilitares supuestamente desmovilizados de manera colectiva, el Gobierno anterior dejó en libertad sin ninguna investigación judicial a 28.000 porque, a su juicio, no habí­an cometido ningún delito grave. Es a esos 28.000 individuos a los que alude la ley 1424. Algunos de ellos, probablemente los cinco mil a los que se refirió el anterior Alto Consejero, son muchachos con voluntad de reintegración y hacen parte del programa gubernamental a cargo de la Alta Consejerí­a, y serí­a muy conveniente que se lograra su reincorporación civilizada a la sociedad. Es probable que tres mil más hayan muerto después por ajustes de cuentas, según informaciones oficiales. Otros no eran paramilitares en realidad, porque fueron vinculados a último momento para mostrarlos falsamente como tales, conforme lo han confesado algunos de los jefes paramilitares. Es decir, que habrí­a más o menos veinte mil individuos supuestamente desmovilizados que están por fuera del control de la Alta Consejerí­a.

Además de estos 28.000, el Gobierno postuló a 3.650 paramilitares para ser procesados por la llamada "ley de justicia y paz" (ley 975 de 2005). De ellos, solo 900 se han presentado a la Fiscalí­a. 2.750 están libres, sin ninguna persecución de parte del Estado, a pesar de que oficialmente se ha reconocido su condición de criminales de guerra o de lesa humanidad.

El Estado tiene entonces tres tareas claras que cumplir: 1) Procesar a los 900 paramilitares que se presentaron a la ley 975; 2) Capturar y juzgar a los 2.750 postulados a la ley 975 que no se han presentado a rendir versión libre; y 3) Procesar a los 28.000 paramilitares a los que se refiere la ley 1424. La información que obtenga de todos ellos debe servir para actuar contra quienes, dentro o fuera del Estado, han apoyado al paramilitarismo. Y que nadie se preocupe falsamente por las gallinas.