Columnas de opinón

Referencias / Fuentes

[1] Consejo de Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 3 de febrero de 2011, documento de Naciones Unidas A/HRC/16/22. En su informe, la Alta Comisionada "[a]lienta a una revisión exhaustiva de las polí­ticas y programas de protección, tanto gubernamentales como de otras entidades del Estado; e insta a la adopción de un programa de protección integral ligado al proceso de restitución de tierras que incluya: medidas de seguridad pública; apoyo polí­tico, técnico y financiero a las comunidades, campesinos y organizaciones de ví­ctimas; evaluación conjunta de riesgos a nivel local con las organizaciones estatales y no estatales relevantes; y la búsqueda de una amplia movilización social para la defensa de este derecho". (Íd., párr. 109, literal f).

[2] Así­ lo plantea la Alta Comisionada en su informe: "La implementación de los compromisos asumidos por el Gobierno anterior en las Mesas de Garantí­as para los defensores de derechos humanos sigue siendo insuficiente. En este esfuerzo de crear una cultura de respeto a los derechos humanos, el Ministerio de Educación deberí­a dar pasos importantes para la puesta en marcha del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos (PLANEDH). La Alta Comisionada saluda la inclusión del PLANEDH en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y anima a todas las partes a concertar un plan nacional de acción lo antes posible". (Íd., párr. 16).

[3] Al respecto, el informe señala que no se han registrado "avances sustantivos en el proceso de depuración de archivos ni por la Procuradurí­a, ni por los propios servicios de inteligencia". (Íd., párr. 22). En consecuencia, la Alta Comisionada "[i]nsta al Gobierno, a la Procuradurí­a General de la Nación y al Congreso a establecer mecanismos democráticos robustos de control externo sobre los servicios de inteligencia, avanzar en el establecimiento de los centros de protección de datos con los más altos estándares de control interno y establecer un mecanismo de depuración de archivos; y enfatiza la necesidad de que las investigaciones judiciales avancen para establecer y condenar a los autores materiales e intelectuales de los crí­menes supuestamente cometidos por miembros del servicio de inteligencia civil DAS (Departamento Administrativo de Seguridad)". (Íd., párr. 109, literal d).

[4] Íd., párr. 109, literal g.

[5] Íd., párr. 28.

[6] Íd., párr. 109, literal j.

[7] Íd., párr. 97.

[8] Según la Alta Comisionada, "[e]l Ministerio del Interior y de Justicia enfrenta retos enormes para asegurar el cumplimiento del derecho de las comunidades a ser consultadas para obtener su consentimiento previo, libre e informado. La legislación nacional actual no prevé adelantar el derecho a la consulta previa para la prospección y exploración minera, cuando se ha considerado a la minerí­a como una de las "locomotoras" del desarrollo económico. En este sentido, es preocupante la persistente debilidad del Estado para proteger los derechos colectivos. Por ejemplo, en Buenaventura (Valle del Cauca), se tardó más de un año en ejecutar la sentencia que ordenaba el cese inmediato de actividades mineras ilegales que destruí­an el territorio del consejo comunitario de Zaragoza. En zonas de interés económico, en ocasiones no se tiene en cuenta la presencia de comunidades afrocolombianas o pueblos indí­genas, o no se titula su territorio ancestral como colectivo o resguardo, para evitar el deber de consulta. En otras ocasiones, las consultas son realizadas con quienes no representan legí­timamente a la comunidad afectada, o no se respetan los procesos internos de los pueblos y comunidades de toma de decisiones" (Íd., párr. 75).

[9] Véase al respecto mi columna "Urgencias en derechos humanos".