Columnas de opinón

Salud, dinero y... Estado social de derecho

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No hace falta mucho para concluir que el Sistema de Seguridad Social en Salud está gravemente enfermo. Hay que inyectarle $2 billones, pues apenas le presupuestaron $300 mil millones. Parte de sus costos son servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS): $835.000 millones en 2007 en el régimen contributivo, y $1,85 billones en 2009. El recobro de medicamentos por sí solo pasó de $1 billón en 2007 a casi $2 billones en 2009.

Eso no significa que se le pueda aplicar cualquier medicina, como la Emergencia Social, destinada a situaciones imprevistas no tratables con medidas ordinarias. La situación era previsible. Cuando se diseñó el sistema en la Ley 100 de 1993 se supo que necesitaba un 70% de afiliados con capacidad de pago (al régimen contributivo). Año tras año se observó que no se lograba, y hoy apenas llegan al 44%. Ya de 1998 a 2004 la población subsidiada había pasado de 8,5 a 15,5 millones. Y había inmensos desfases en relación con otros supuestos anuales del sistema: crecimiento económico (5%), del empleo asalariado (3,5%), del empleo independiente (2,1%) y de los ingresos del sistema (1,8%). Lo que se necesitaba era ajustar los cálculos para asumir los nuevos costos, y no se hizo.

También se sabía que la ley le ordenó al Gobierno desde 1993 unificar y actualizar los POS. Por no hacerlo, es decir, por no adaptar la capacidad financiera del sistema para atender al perfil epidemiológico de la población y a la tecnología apropiada disponible en el país, los pacientes no incluidos en el POS tuvieron que recurrir a la acción de tutela. La Defensoría del Pueblo lo advirtió: entre 2003 y 2005 el 29,7% de tutelas sobre derecho a la salud pedían un servicio no contemplado en el POS, y entre 2006 y 2008 aumentó al 46,6%. Ninguna sorpresa, por consiguiente, pero sí mucha desidia para enfrentar el problema pensando en la gente.

Y el incremento del recobro de medicamentos sí que era previsible. El Gobierno autorizó libertad de precios en 2006. ¿Por qué extrañarse de que su valor se haya duplicado entre 2007 y 2009?

Previsible o no, el Gobierno le ha dicho a la Corte y al país entero que no puede remediar esta situación mediante medidas ordinarias. Pero el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) tiene aproximadamente $6 billones invertidos en TES (78,4%), TDA (18,4%), CDT (3%) y bonos (0,2%). O sea que plata sí hay, pero en el lugar equivocado. Descongelando esos recursos puede hacerse frente a la crisis mientras se discute democráticamente su solución en el Congreso.

Por lo anterior, la Corte Constitucional ha recibido la cifra récord de 1.106 intervenciones ciudadanas, la mayoría de ellas para pedirle que declare inconstitucional el decreto que declaró la Emergencia Social. Y esto, sin considerar todavía las medidas adoptadas en concreto por el Gobierno, muchas de las cuales ha tenido que rectificar, por bárbaras. Ojalá la Corte ayude a recuperar la salud de la patria.