Columnas de opinón

La verdad al servicio de la convivencia civilizada

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El acuerdo de paz previó una “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición” con tres objetivos: 1) contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, 2) promover su reconocimiento —tanto a favor de las víctimas como por parte de los responsables y por toda la sociedad— y 3) promover también la convivencia en los territorios, es decir, “la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia”.

Son tres objetivos sabios, para los cuales la Comisión contará con 13 criterios orientadores (como la centralidad de las víctimas, el enfoque territorial y la consideración especial por las mujeres y otros sectores más vulnerables) y también con 13 temas hacia cuyo reconocimiento deberá enfocar su mandato. Estos temas son las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario perpetradas; las responsabilidades del Gobierno, de las Farc, de los paramilitares y de cualquier otro grupo; los impactos humanos y en la sociedad, así como en la democracia; y los procesos de resiliencia, entre otros.

Esta Comisión ha sido diseñada no para sustituir a la justicia, sino para complementarla. En otros procesos de paz o de transición a la democracia de las últimas décadas se han creado comisiones de la verdad para reemplazar lo que haría un tribunal, pues se ha renunciado al juzgamiento de los graves crímenes cometidos con ocasión del conflicto. Aquí no será así: el juzgamiento será realizado por la “Jurisdicción Especial para la Paz” (JEP).

Más allá de las sentencias de la JEP relativas a casos individuales, se espera que la Comisión aporte claridad sobre el conjunto de las violaciones del pasado y estimule sinergias entre los actores sociales del presente para que, como dice el Acuerdo, se construyan soluciones de convivencia hacia el futuro basadas en la superación de los “mecanismos históricos de discriminación”. Por esa vía se haría posible la materialización de “los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios”.

La Comisión deberá ser, por consiguiente, una valiosa herramienta para realizar el derecho a la verdad y reforzar el derecho a la justicia, pero también y sobre todo para construir una sociedad nueva, con respeto y tolerancia, como lo prescribe el Acuerdo. El trabajo de la Comisión es propicio para desarrollar lazos de solidaridad entre los sujetos de cada territorio en la medida en que las causas de los conflictos del pasado puedan ser identificadas y abordadas con una perspectiva de construcción en vez de la mentalidad de destrucción y de exclusión que ha prevalecido.

Once comisionados de altas calidades, con participación equitativa entre hombres y mujeres, serán escogidos por un comité integrado por cinco miembros que representan a Naciones Unidas, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Centro Internacional de Justicia Transicional y el Sistema Universitario Estatal.

Difícil imaginar una oportunidad mejor para superar la fatídica polarización de la sociedad colombiana.