Columnas de opinón

Recetas de paz aliñadas con derechos humanos

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Para ocultar las recompensas por los mal llamados "falsos positivos", el comandante del Ejército habría ordenado en 2008 "incinerar órdenes internas confidenciales" sobre "incentivos institucionales para 'bajas' en combate y capturas". Así lo reporta el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual sobre Colombia que se lanza hoy en Bogotá, luego de su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra el pasado miércoles 23 de marzo (documento de Naciones Unidas A/HRC/31/3/Add.2, párr. 50).

Dicha orden consta en un documento militar "reservado", que el alto comisionado ha tenido el privilegio de conocer, entre otros que revelan graves violaciones de derechos humanos. Quizás por eso, su informe sobre Colombia enfatiza este año la necesidad de tomar medidas a fondo para reorganizar las instituciones estatales en materia de seguridad si se pretende preservar la paz luego de la finalización del conflicto armado en el país.

Para el efecto, recomienda "proteger de forma inmediata y trasparente los archivos de derechos humanos" y garantizar el acceso a los mismos. Sin ello, no serán posibles la verdad, justicia y reparación necesarias para consolidar la paz que se está construyendo. Además, invita a reconocer la responsabilidad estatal en graves violaciones de derechos humanos del pasado.

Sobre las violaciones actuales y futuras, la Fiscalía tendría que aplicar en serio "metodologías de investigación criminal en contexto para vincular investigaciones y desarticular estructuras criminales". Urge poner fin a la impunidad de cualquier violencia, especialmente contra defensoras y defensores de derechos humanos (683 asesinados entre 1994 y 2014, 63 en 2015), mujeres (casi el 100% de impunidad por violencia sexual ligada al conflicto, y el 90% por fuera del conflicto), y población LBGTI (18 personas asesinadas en 2015).

Habría además que "racionalizar, reorientar y fortalecer las instituciones del sector seguridad para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos y de sus misiones constitucionales". Ya en informes anteriores el alto comisionado había instado a superar la mentalidad contrainsurgente que predomina en Colombia, tanto en la sociedad como en las instituciones. Ahora ha propuesto "que la asistencia militar a tareas de seguridad pública sea reducida progresivamente bajo el principio de primacía policial y regulada acorde con el derecho internacional de los derechos humanos".

El informe del alto comisionado advierte también, de manera insistente y consistente, sobre la necesidad de superar la profunda desigualdad que existe en el país, "entre zonas rurales y urbanas, entre hombres y mujeres y entre grupos poblacionales y étnicos". Para ello, así como para asumir un nuevo enfoque de seguridad, recomienda crear con urgencia una arquitectura institucional que supere "la falta de coherencia y coordinación" de las instituciones estatales para cumplir sus obligaciones constitucionales y los compromisos frecuentemente celebrados y no honrados con movimientos sociales.

Qué difícil sería, sin la Oficina del Alto Comisionado en el país, diseñar y ejecutar una política basada en estas elementales pero esquivas premisas.