Columnas de opinón

El informe de Duncan para la CHCV

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En su informe como miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y las Víctimas (CHCV), creada por el Gobierno y las Farc en las actuales negociaciones de paz,

Gustavo Duncan sostiene que el conflicto armado colombiano no se explica solamente por la exclusión y la desigualdad, que son sin duda extremadamente altas en el país. La manera como ellas interactúan con la criminalidad, y en particular con el secuestro y el narcotráfico, perfila los rasgos de nuestra guerra, alejándola de una “insurrección de sectores excluidos de la sociedad” contra un Estado que representaría “los intereses de ‘oligarquías’ políticas y económicas”.

A su juicio, la exclusión pudo servir de motivación para algunos guerrilleros, pero también para algunos paramilitares, motivación que para la mayoría de los combatientes fue rebasada posteriormente por dinámicas generadas por otros fenómenos, como el secuestro, que abrió inmensas perspectivas de recursos y poder a las guerrillas, y que suscitó reacción de las élites regionales así como de sectores excluidos, de la periferia. En ese contexto, el narcotráfico, según Duncan, dio lugar tanto a alianzas como a disputas con las guerrillas, y creó condiciones para el desarrollo del paramilitarismo y la provisión ilegal de servicios de seguridad y justicia. A partir de la creación de las AUC en 1994, habría pretendido transformarse en un proyecto autónomo de gobierno, integrado por ejércitos privados en la periferia.

Es cierto, como lo advierte Duncan, que “en vez de contribuir a aliviar la exclusión material de los campesinos, el uso masivo del secuestro empeoró sus condiciones de vida”, pues terminó afectando y destruyendo economías regionales de ganadería y agricultura. La responsabilidad de las guerrillas en la execrable práctica del secuestro es enorme. A ellas se les atribuye el 50% de los casos en las estadísticas oficiales. Habría sido apropiado que el informe se hubiera referido al 50% restante, que es atribuido en parte a agentes estatales, paramilitares y delincuencia común (40%) y a familiares (10%), autores que es igualmente necesario enfrentar para erradicar esta ultrajante violación.

Es cierto también que “la estrategia paramilitar consistía en sitiar a toda la comunidad y asesinar a cualquier miembro sobre el que cayera la mínima sospecha de ser colaborador” de la guerrilla, y que “muchos inocentes cayeron en las masacres”, de tal forma que “las retaliaciones contra la población civil se convirtieron en un verdadero termómetro de los resultados de la guerra”. Pero no es cierto que “muchas masacres y desapariciones de civiles inocentes fueron el resultado de haber sido identificados como colaboradores de la guerrilla”. Más que identificaciones, se trató de percepciones, basadas en estigmatización generalizada de poblaciones enteras, actitud criminal que hay que seguir combatiendo actualmente para evitar revictimizaciones.

Es cierto asimismo que la exclusión no es suficiente para explicar el conflicto, pero se insiste tanto en ello que el lector queda convencido de que debe superarse tal exclusión con decisión para evitar la repetición de esta violencia en Colombia. Por paradójico que parezca, esa es una virtud de este juicioso informe. Gracias, profesor Duncan.