Columnas de opinón

Defensores: en riesgo de extinción

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Si no se actúa enérgicamente, más de 500 defensores de derechos humanos habrán sido asesinados al terminar los dos períodos del actual Gobierno, en agosto de 2018. Ya van 320, desde su inicio, en agosto de 2010, según el informe del Programa Somos Defensores, difundido antier [1]. El semestre que acaba de cumplirse en junio fueron 34 las víctimas: 30 hombres y 4 mujeres. Es decir, un defensor asesinado cada cinco días. La constante ha sido superior a 60 defensores acribillados cada año, sin contar los atentados (otros 60, en promedio anual). En síntesis, una atrocidad.

Pero no se está actuando enérgicamente. En 29 de los 34 casos registrados en el último semestre (85%) las autoridades dicen no saber quiénes fueron los asesinos. Sin embargo, el perfil de ciertas víctimas permitiría definir hipótesis de autoría no tan inciertas. Nueve de los defensores asesinados este semestre eran indígenas: cinco de ellos pertenecían al pueblo Nasa, dos de los cuales, Emiliano Silva y Gerardo Velasco, eran miembros de la guardia indígena del resguardo de Tóez, en Caloto (Cauca), que había recibido amenazas de las Águilas Negras. Sus cuerpos sin vida fueron encontrados con señas de tortura el 8 de febrero. Otro indígena nasa, José Joaquín Pinzón, fue asesinado a balazos en Florida (Valle) el 30 de marzo. Había sido fundador del resguardo indígena Triunfo Cristal Páez. Su hermano, José María, también líder indígena, había sido asesinado en 2003.

Otros cuatro indígenas pertenecían al pueblo Emberá-Chamí, en el eje cafetero. Uno de ellos, Fernando Salazar, fue asesinado en su casa, en Supía, el 7 de abril. Era líder del Resguardo de Cañamomo y Lomaprieta, que ha padecido violentos hostigamientos durante años. Hostigamientos semejantes ha sufrido el Resguardo de San Lorenzo, en Anserma, donde el 9 de mayo fueron asesinados un médico tradicional, Gustavo Bañol, y su hijo Edwin, padre y hermano a su vez del gobernador del resguardo, Norman David.

Dos líderes de la comunidad LGBTI, activistas del Fondo Mundial de Prevención de VIH/SIDA, fueron asesinados en San Marcos (Sucre): Camila Flores el 9 de enero y Eder Manuel Mieles el 17 de junio. Dos conocidos periodistas radiales fueron asesinados en condiciones similares: Luis Peralta, en El Doncello (Caquetá), el 14 de febrero y Édgar Quintero, en Palmira (Valle), el 2 de marzo.

Tampoco se actúa enérgicamente ni siquiera conociendo la autoría. De los 34 asesinatos perpetrados en el semestre de enero a junio pasado, se conocen los autores en cinco casos: tres atribuidos a la fuerza pública, uno a paramilitares y otro a la guerrilla del Eln.  Gersaín Fernández fue muerto, supuestamente en forma accidental, cuando una patrulla del Ejército compraba pescado, en Silvia (Cauca), el 27 de febrero. Gersaín era un líder del resguardo de Pitayó, como Justiniano Tunubalá y José Reinel Dagua, asesinados en 2008 y 2009, respectivamente.  Ever López, líder campesino de El Castillo (Meta), murió el 5 de marzo por disparos sobre su vivienda por parte del Ejército, que retuvo a su hijastro de diez años, Leandro Beltrán. Siberston Guillermo Pavi, integrante de la guardia indígena del Resguardo de Huellas, Tóez y López Adentro, perdió la vida por disparos de la Policía contra manifestantes reclamantes de un predio rural en Corinto (Cauca), 45 de los cuales resultaron heridos. La líder de reclamantes de tierras Wallis Barriosnuevo y su hermano Herlen fueron asesinados el 5 de abril en Achí (Bolívar), en hechos atribuidos al clan Úsuga. Nicasio Sánchez, líder comunal de Tame (Arauca), fue asesinado el 26 de enero en hechos atribuidos al Eln.

Pasado el primer semestre, el 3 de agosto, fue asesinado en Tumaco el líder afro y reclamante de tierras, Genaro García, en hechos atribuidos a las Farc.

Quizás el asesinato de defensores se reduzca por el proceso de paz, pero este no será suficiente por sí solo para detener una hemorragia tan grave, que requiere medidas eficaces de protección, investigación y sanción.