Columnas de opinón

Falsas presunciones

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Por la caída del puente de la 103 con 11 en Bogotá, la Procuraduría formuló pliego de cargos solo contra dos tenientes coroneles de nivel medio. En el ejército están pidiendo que se llame a responder a oficiales con mayor responsabilidad en los hechos. Nadie ha alegado que se viole con ello la presunción de inocencia. Se ve como una aspiración apenas natural.

Pero más de un vocero gubernamental sí invocó la presunción de inocencia a propósito del informe divulgado por Human Rights Watch hace quince días sobre los mal llamados falsos positivos. Dicho informe advierte que no se ha investigado la responsabilidad de 26 comandantes de unidades de once brigadas donde se perpetraron numerosos asesinatos de civiles en los últimos trece años, y que algunos de ellos han llegado a la cúpula militar. “No hay ninguna prueba de responsabilidad”, se ha dicho. El enorme número de casos atribuido a cada una de las once brigadas reseñadas en el informe sería prueba más que suficiente, pero hay muchas más:

Declaraciones del teniente coronel (r.) Robinson González del Río sobre la vinculación del ex comandante de la Cuarta Brigada y el de la Tercera División en varios de los 27 casos que ha confesado. Revelaciones de un ex soldado del batallón Calibío sobre su participación y la de su comandante en diversos falsos positivos, cuando, ya retirado del servicio, supo que su padre campesino había sido asesinado por sus ex compañeros de armas en similares condiciones. Testimonio de un alto oficial de la Décimo Primera Brigada, a quien su comandante le exigía perpetrar al menos tres ejecuciones extrajudiciales por mes. Asesinato de un soldado de la BCG Nº 10, que estaba preso en el mismo cuartel luego de haber confesado su participación en otros casos. Declaraciones de un capitán (r.) sobre su participación y la de su comandante en el Gaula Córdoba en diversos asesinatos, incluidas cinco personas presentadas falsamente como muertas en combate al entonces presidente Uribe durante su visita a la región en marzo de 2006. Declaraciones de un soldado y un paramilitar sobre su vinculación y la del comandante del Batallón Pantano de Vargas en 15 casos que involucraron a 23 víctimas ejecutadas extrajudicialmente por los paramilitares y recibidas por los militares. Obstaculización, por parte de funcionarios militares, de inspecciones judiciales practicadas por fiscales tratando de obtener órdenes de operaciones y otros documentos procesales. Intento de tratamiento psiquiátrico a un sargento por sus testimonios sobre la Brigada Móvil Nº 15. Violación sexual de la esposa de un soldado que declaró contra un coronel. Y muchísimas otras evidencias.

Lo más grave de todo es que varios fiscales contaron a Human Rights Watch que tienen un número inmanejable de casos y que les han sido asignados de manera ineficaz. En vez de especializar a cada fiscal o grupo de fiscales en relación con una unidad militar, les asignan indistintamente casos de diversas brigadas. Aun así, el Fiscal General anunció que antes de diciembre espera tener vinculados a 22 generales. Un reto difícil. Ojalá no lo acusen también, cínicamente, de desconocer la presunción de inocencia y de carecer de pruebas.