Columnas de opinón

Impunidad: un reto crucial, según la CIDH

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En Colombia persiste una grave crisis de derechos humanos, y un factor clave para ello es la impunidad. Así lo ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe anual divulgado el pasado 7 de mayo, que contiene 114 páginas dedicadas al seguimiento de las recomendaciones formuladas en su Cuarto informe sobre Colombia (publicado en agosto de 2014, luego de la visita in loco realizada en diciembre de 2012) [1]. Sin desconocer avances importantes, como la búsqueda de una paz negociada, o el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la política de restitución de tierras usurpadas, la Comisión destaca tres graves violaciones que siguen gravitando sobre nuestra vida cotidiana: las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y los desplazamientos forzados.

Las desapariciones forzadas son de una magnitud descomunal: para junio de 2014, el Registro Nacional de Desaparecidos reportaba “92.872 personas, de las cuales 68.353 continuarían desaparecidas o no se tendría información sobre su ubicación, lo que representa un incremento de más de 50 mil nuevos registros en comparación con lo informado por el Estado en el año 2013”, dice el informe [2]. Hay un “Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas”, adoptado desde 2007, cuyas realizaciones no han sido dadas a conocer a la Comisión. Se deben “abordar con premura, seriedad y debida diligencia” los casos de cuerpos arrojados a los ríos o al mar, o incinerados, o sepultados en fosas comunes o en terrenos inundados por represas. Es angustiante la práctica de la desaparición hoy en día: más de 53 casos reportó la Defensoría en el Chocó en 2014.  

Las ejecuciones extrajudiciales, y especialmente las perpetradas contra civiles para mostrarlos falsamente como guerrilleros abatidos, si bien han disminuido, no se han esclarecido: en agosto de 2014 la Fiscalía reportó 266 sentencias condenatorias, sobre 2.380 casos investigados.  Tampoco es seguro que hayan desaparecido los mecanismos que las hacen posibles: “la investigación no sólo debe estar orientada a la identificación de los responsables directos sino también de la estructura que favoreció o incentivó la comisión de estos actos” [3].

Los desplazamientos forzados se siguen produciendo en proporciones alarmantes. En 2013 se registraron 157.000 nuevos desplazados internos y por lo menos 90 eventos de desplazamiento masivo. El número de víctimas de desplazamiento forzado en el Registro Único de Víctimas el 1º de noviembre de 2014 era de 6’527.908 personas, segundo a nivel mundial, después de Siria. La situación se ha agravado con el desplazamiento intraurbano y también con el producido no solo por conflicto armado sino por megaproyectos y minería [4].

La impunidad ha facilitado la persistencia de estas violaciones. Por eso, preocupa a la Comisión que en vez de reducirla sustancialmente se amplíe por el empeño de la Fiscalía en seleccionar para juzgamiento solo los crímenes de guerra y de lesa humanidad y “renunciar a la investigación y procesamiento de serias violaciones a los derechos humanos”, lo cual “sería en principio incompatible con las obligaciones del Estado” [5]. O por el grave retroceso que sería aprobar los proyectos de ley que cursan en el Congreso para fortalecer el fuero militar [6]. O por la vacilación del Gobierno en cumplir sus “deberes específicos de desarticulación de las autodefensas que no participaron de las desmovilizaciones colectivas” [7].

Urge, por el contrario, “establecer como política de Estado la investigación como medida de prevención” [8]. Es la mejor garantía de protección que podría brindarse a la sociedad colombiana.