Columnas de opinón

Referencias / Fuentes

[1] www.inpec.gov.co. Los restantes datos de este escrito están tomados de Coalición colombiana contra la tortura, Tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en Colombia 2009-2014. Informe alterno presentado al Comité contra la Tortura de la ONU, Bogotá, marzo de 2015.

[2] Ley 1709 de 2014.

[3] Como las decretadas el 30 de enero de 2015 a favor del preso político José Ángel Parra, enfermo de leucemia mieloide, en la cárcel La Picota, de Bogotá.

[4] Como le ocurrió el 11 de febrero de 2015 a Jesús Miguel Velandia, quien padecía de cáncer en la prisión de Palogordo, en Bucaramanga.

[5] Sentencia T-077 de 2013.

[6] Sentencia T-266 de 2013.

[7] 7.565 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado registradas en la Unidad de Víctimas; o los 48.915 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes registrados entre 2008 y 2012 por la campaña “Saquen mi cuerpo de la guerra” en 1.070 municipios del país. Además de las 48 denuncias de violencia sexual recibidas en Medicina Legal cada día (una cada treinta minutos) entre 2010 y 2013; o los dos millones de mujeres y niñas desplazadas víctimas de violencia sexual, según estimaciones de Human Rights Watch en: Colombia: obstáculos a la atención de mujeres desplazadas que sufren abusos, 14 de noviembre de 2012. Disponible en: www.hrw.org/es. Según un informe presentado por la parlamentaria Ángela María Robledo a la Cámara de Representantes en 2013, los autores de conductas de violencia sexual en el marco del conflicto armado fueron los militares y policías en un 54% de los casos, grupos guerrilleros en un 19% y bandas criminales, seguridad privada y servicios de inteligencia en un 12%.

[8] Especialmente contra mujeres: 295 entre 2010 y 2012, una de las tasas más altas del mundo.

[9] Homicidios (730 entre 2006 y 2014) y violencia policial (212 eventos entre 2008 y 2014), según Colombia Diversa.

[10] Esterilizaciones forzadas (entre 2009 y 2011, 505 mujeres y 127 hombres) y confinamientos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha reportado que, con corte a noviembre de 2011, 2.631 personas se encontraban confinadas en internados para población con discapacidad y 1.303, en instituciones de internado para población con discapacidad psicosocial. Según la Ley 1306 de 2009, en relación con la población discapacitada “La reclusión preventiva por causas ligadas al comportamiento es una medida temporal que no excederá de un (1) año, pero podrá ser prorrogada indefinidamente por lapsos iguales”.

[11] A inicios del año 2014 se descubrió en Buenaventura la existencia de las denominadas “casas de pique” en varios de sus barrios. En estas casas se llevan a cabo actos de tortura física y mental y se desmembran los cuerpos de las víctimas, para esparcir sus partes por diferentes lugares de la ciudad, produciendo terror entre la comunidad. El número de víctimas es desconocido ya que muchos son casos de desapariciones forzadas, a menudo no reportadas, y es común que los cuerpos posteriormente terminen en el mar, como lo describe Human Rights Watch.

[12] Esta práctica se encuentra prohibida por la Corte Constitucional, a través de las sentencias C-879 de 2011 y T-455 de 2014. A pesar de su expresa prohibición, esta forma de detenciones sigue en aumento en el territorio nacional y en muchos casos viene acompañada de episodios de tortura física y psicológica y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así, a las víctimas de esta práctica ilegal se les retiene su documento de identidad, se les desconocen las exenciones a que tienen derecho o los aplazamientos establecidos en la ley y también los procesos previos que vienen adelantando en los Distritos Militares correspondientes. De igual forma, en varias ocasiones, los jóvenes son transportados en buses intermunicipales por parte de militares vestidos de civil y son sometidos a la agresión verbal y física de miembros de la fuerza pública.

[13] El Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) registró entre el año 2010 y el 2014 un total de 507 amenazas provenientes de las Águilas Negras, 126 amenazas de Los Rastrojos y 255 amenazas provenientes de otros grupos paramilitares (Urabeños, ERPAC, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Ejército Anti-restitución, Clan Úsuga, etc.).

[14] Entre 2010 y 2014 la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia tramitó tres denuncias sobre tortura, dos de las cuales archivó y solo una está activa en indagación preliminar. Así mismo, la Dirección Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía priorizó dos casos de violencia sexual. La Dirección Nacional de Fiscalía Especializada contra el Terrorismo recibió 28 denuncias por tortura, de las cuales informó que en una se dictó sentencia condenatoria, 23 se encontraban en etapa de indagación, dos en etapa de juicio, una en investigación, y una fue precluída. Adicionalmente, muchos fiscales dejan sin investigación casos de tortura por la escasa aplicación del Protocolo de Estambul, que contiene pautas precisas para la investigación de la tortura, y del Protocolo de Minnesota, que hace lo propio en relación con ejecuciones extrajudiciales, en las cuales plantea cómo se debe prestar atención a la investigación sobre tortura.

[15] Al respecto, dijo en el párrafo 21 lo siguiente: “El Comité toma nota de la postura del Estado Parte de rechazar la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención y su argumento de que los Comités de Derechos Humanos, constituidos por la Defensoría del Pueblo y los presos ya cumplen esta función, argumentando que las directrices internas (Resolución Nº 5927/2007) del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) brindan un mecanismo de garantía de los derechos humanos de los prisioneros mediante un proceso de consulta y toma de decisiones en los comités de cada establecimiento penitenciario, en los que participan de forma directa los detenidos y las oficinas de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. El Comité nota como positiva la iniciativa de la creación de los Comités de Derechos Humanos dentro de los centros penitenciarios, sin embargo le preocupa que estos mecanismos estén bajo la supervisión del INPEC y no constituyen un mecanismo independiente de prevención previsto por el Protocolo Facultativo. (Artículo 2). El Comité recomienda al Estado Parte que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención lo antes posible para mejorar la prevención de violaciones de la Convención”.

[16] “El Comité recomienda al Estado Parte que examine la posibilidad de formular las declaraciones previstas en los artículos 21 y 22 de la Convención” (párr. 31).