Columnas de opinón

Obcecación fatal

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Para el ex presidente Uribe “es notorio el incremento de la inseguridad” durante el actual gobierno. Ese es uno de los siete motivos que invocó en su carta del pasado 9 de noviembre enviada al ex senador Álvaro Leyva para rechazar su invitación a apoyar el proceso de paz. Es cierto que la seguridad no es buena en Colombia. Numerosas personas siguen siendo vulneradas a diario por agentes estatales, paramilitares, guerrilleros o delincuentes comunes. Pero afirmar que hay un notorio incremento de la inseguridad es una exageración evidente que raya en el delirio.

En primer lugar, porque los índices de violencia en el país muestran reducciones y aumentos, lo cual arroja como promedio una persistencia, que mal puede ser invocada por alguien sensato para rechazar por ello el proceso de paz. Según Cinep, el número de acciones bélicas, que era de 1.196 en 2003, bajó a 360 en 2013 (luego de haber estado en 701 en 2006, 383 en 2009 y 496 en 2012). Las infracciones al derecho humanitario, por su parte, se contabilizaron en 2.223 en 2003 y en 1.140 en 2014 (luego de haber estado en 909 en 2010, 1.389 en 2011 y 972 en 2012) [1]. Dos típicos ejemplos de reducción, aumento y persistencia.    

Ahora bien, al discriminar por actores, se observa que han disminuido las infracciones al derecho humanitario atribuidas a las Farc (menos de 200 en 2013) [2], mientras que han aumentado las registradas a cargo de la fuerza pública (más de 400 en 2013) [3] y han crecido todavía más las perpetradas por los grupos neoparamilitares (cerca de 500 en 2013) [4]. ¿Es esa una razón válida para oponerse a las negociaciones de paz?

En segundo lugar, afirmar que hay un incremento de la inseguridad supone ignorar los graves atentados contra la seguridad cometidos durante el anterior gobierno, que no parecen estarse repitiendo en el presente. El ex presidente se lamenta de que se hayan “desmontado expresiones comunitarias de solidaridad como las redes de informantes, que unían en transparencia a los ciudadanos y a las Fuerzas Armadas”. Ojalá sea cierto que se desmontaron, porque dieron lugar a numerosas detenciones arbitrarias e íbamos rumbo a un Estado totalitario a semejanza de Alemania oriental. Además, ¿se le olvidaron acaso al ex presidente las más de cinco mil personas mostradas falsamente como guerrilleros muertos en combate o “falsos positivos” bajo su gobierno? ¿Y qué decir del grupo criminal organizado en el DAS contra defensores de derechos humanos, periodistas, opositores políticos y magistrados de las altas cortes?

Es de esperar que ya no existan esos elementos de inseguridad, por los cuales debería además responder judicialmente el ex presidente. Muchos otros elementos de inseguridad que persisten deberían seguirse desmontando en virtud de las negociaciones de paz, que permitieron la rápida liberación del general Alzate luego de su inexplicable extravío por las selvas del Darién. Esa sí que es una demostración notoria de la posibilidad de mejorar la seguridad avanzando en los diálogos de La Habana, en vez de persistir en la mentalidad guerrerista que predica obcecadamente el uribismo, sin importarle las consecuencias fatales que pueda tener.