Columnas de opinón

Una metáfora perversa

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No haber exigido a las Farc un cese unilateral del fuego como condición para negociar es el primero de siete motivos invocados por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez para no apoyar el proceso de paz, en carta de respuesta al ex senador Álvaro Leyva Durán. Cabe preguntarse si ese es un motivo válido y si el ex presidente tiene autoridad moral para plantearlo.

El cese del fuego bilateral sería una alternativa ideal, y por ello lo han propuesto diversos sectores, pues permitiría reducir de inmediato los hechos de violencia mientras se negocia la paz definitiva. Sin embargo, esa fue la modalidad aplicada en el intento de negociaciones adelantado bajo el Gobierno de Andrés Pastrana y no funcionó. El despotismo de las Farc a partir de la zona desmilitarizada del Caguán y el incremento del paramilitarismo con la complicidad de las fuerzas oficiales significaron una violación flagrante de la tregua bilateral, que dio al traste con el proceso.

Por eso, es entendible que el actual Gobierno haya descartado esa modalidad y optado por negociar en medio de las hostilidades. Fue la modalidad aplicada en Irlanda del Norte, y allá funcionó. Ciertamente, tiene dificultades, pues cada nuevo hecho violento que ocurra genera dudas sobre la credibilidad del proceso. Pero también la forma como se tramiten esas dudas puede contribuir a fortalecerlo, como lo ha demostrado el pueblo Nasa al impartir justicia y exigir seriedad a los combatientes para concertar la paz. La validez de negociar en medio de las hostilidades no puede calificarse en abstracto sino que depende del éxito o del fracaso del proceso.

El uribismo, sin embargo, considera repudiable esa modalidad en sí misma y solo admite como válido el cese del fuego unilateral. Esa es una eventualidad posible a veces, y de hecho funcionó con el M-19. Pero no siempre es factible. Exigirla cuando la contraparte no está de acuerdo equivale a persistir en la solución militar. En ocasiones es una mera ficción, como en el Gobierno de Uribe, quien anunció formalmente, en diciembre de 2002, que el proceso con los paramilitares estaba condicionado a que no hubiera ni un muerto más.

En realidad hubo más de 4.300 muertos y desaparecidos atribuidos a los paramilitares entre 2002 y 2008, según registros de la Comisión Colombiana de Juristas. El Gobierno lo negó hasta mayo de 2008, cuando reconoció que los jefes paramilitares continuaban delinquiendo desde la cárcel, y bajo ese pretexto los extraditó a Estados Unidos por narcotráfico, en vez de suspender el proceso y juzgarlos en Colombia por la justicia ordinaria, como correspondía, por graves violaciones de derechos humanos.

El Alto Comisionado de Paz, hoy fugitivo, afirmó públicamente que “el cese del fuego es una metáfora que debe manejarse con mucha flexibilidad” y encubrió así su violación. Esa flexibilidad significó la complicidad del Gobierno con los más de 4.300 homicidios y desapariciones, por lo cual está en mora de responder ante la justicia. Por lo pronto, es claro que el cese unilateral no es la única modalidad válida para negociar la paz, y que el ex presidente Uribe carece de autoridad moral para invocarla.