Columnas de opinón

Un informe sabio y oportuno

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Impunidad e inequidad sobresalen como preocupaciones en el informe divulgado la semana pasada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Colombia en diciembre de 2012.

En cuanto a la impunidad, la Comisión advierte que  “persisten importantes obstáculos para que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares puedan obtener justicia en Colombia”. Según el documentado informe de 483 páginas, la ley de Justicia y Paz permitió en el pasado conocer algunas verdades, pero no se han profundizado las revelaciones de dichos procesos, cuyos resultados tras ocho años son precarios, han sido afectados por la extradición de jefes paramilitares sin hacerles justicia en Colombia, y la participación de las víctimas en ellos ha sido limitada.

En el presente, la impunidad permite que persistan graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario: desde serios desafíos para prevenir los mal llamados “falsos positivos” y otras violaciones cometidas por la fuerza pública, pasando por secuestros y otras atrocidades perpetradas por las guerrillas, hasta la persistencia de grupos paramilitares mal llamados “bacrim”. No se genera información judicial para caracterizar a estos últimos, desarticular sus lazos y enfrentarlos jurídica y políticamente, advierte el informe, que es el cuarto que la Comisión elabora con base en una visita “in loco” a nuestro país. Es necesaria mayor articulación entre mecanismos de protección y las instancias de investigación, lo cual es notorio en el caso de los asesinatos de líderes de restitución de tierras. “El medio más eficaz para proteger es investigar eficazmente los actos de violencia y sancionar a los responsables”, había dicho ya la Comisión en su informe sobre defensoras y defensores en las Américas en 2006 (párr. 202).

Y pensando en el futuro, si bien la Comisión valora positivamente el proceso de paz, le preocupa que el “Marco Jurídico para la Paz” haya previsto la posibilidad de renunciar a investigar y procesar graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho humanitario, lo cual sería incompatible con obligaciones internacionales del Estado. “Podría soslayar los esfuerzos desplegados por el Estado para la consecución de una paz duradera en Colombia, y la superación de la impunidad como garantía de no repetición”. También le preocupan los intentos de ampliar el fuero militar, lo cual, a su juicio, pretendería conceder beneficios para las partes del conflicto armado interno, contrariando la Convención Americana de Derechos Humanos.

En relación con la inequidad, el informe advierte que “el desarrollo económico de Colombia no ha redundado en una distribución equitativa de los recursos”, y se detiene a analizar la forma como el conflicto armado ha afectado especialmente a afrodescendientes, pueblos indígenas, campesinos, niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas LGBTI, personas privadas de libertad, defensoras y defensores, periodistas y comunicadores sociales.

El informe no usa las palabras impunidad ni inequidad. Se titula “Verdad, justicia y reparación”. Es otra forma de decir lo mismo, en positivo, y pensando en un futuro de paz. Sabio y oportuno.