Columnas de opinón

Tribunal pro impunidad

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El uribismo propuso al Congreso una reforma constitucional con miras a instituir un tribunal “pro tempore” que revise las sentencias condenatorias dictadas contra miembros de la fuerza pública desde 1980 y durante los próximos doce años. Mientras dicha revisión se produce, los militares y policías condenados o procesados serían dejados en libertad. Como justificación, la exposición de motivos aduce “la crisis de la justicia en las últimas décadas” (www.centrodemocratico.com). Si esa razón fuera válida, deberían entonces revisarse todas las sentencias, y no solamente las relacionadas con la fuerza pública (ni solo las condenatorias). De lo contrario, se violaría el principio de igualdad. 

Pese a ello, para el proyecto los miembros de las fuerzas militares han padecido esa crisis por haber sido condenados en “operaciones militares contra el terrorismo”. Al respecto cita dos ejemplos: el caso del coronel Alfonso Plazas Vega, por las desapariciones del Palacio de Justicia y el del general Humberto Uscátegui por la masacre de Mapiripán, ambos condenados en primera y segunda instancia por la justicia ordinaria. Cómo será de deficiente el proyecto, que el coronel Plazas se distanció del mismo, y declaró que está pendiente del recurso de casación interpuesto por él ante la Corte Suprema. El general Uscátegui, que también recurrió en casación, no es el mejor ejemplo de una “operación militar contra el terrorismo”. Su responsabilidad penal está relacionada con no haber impedido la acción criminal de los paramilitares en Mapiripán.

Estos dos malos ejemplos serían ilustrativos de “decenas de casos de militares y policías anónimos” injustamente condenados. Ello obedecería a falsas acusaciones o montajes de algunos denunciantes, y a animadversión de algunos jueces y fiscales contra la fuerza pública, por “la prevalencia de ciertas tendencias ideológicas en algunas facultades de ciencias jurídicas en el país”, según la exposición de motivos.  Difícil creer que un civil se atreva a hacer un montaje contra soldados o policías, porque llevaría las de perder, debido a su debilidad frente al poder de la fuerza pública. Por otra parte, no es propiamente animadversión contra la fuerza pública lo que prevalece entre jueces y fiscales, a juzgar por el alto índice de impunidad de los delitos que se le atribuyen. Lo que sí se vislumbra en el proyecto es una preocupante estigmatización contra algunas facultades de Derecho.

Ahora bien, estas decenas de militares y policías serían inocentes, según la exposición de motivos, por “el demostrado apego institucional de la fuerza pública a la legalidad y su reconocida preocupación por el tema de los derechos humanos (…) por parte de todos sus integrantes”. Exageraciones de ese calibre solo ponen en ridículo a la fuerza pública frente a los miles de “falsos positivos” y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia.

El proyecto reconoce que esta propuesta “atentaría contra la estructura institucional de la justicia” si no fuera temporal. ¿Temporal por 46 años (de 1980 a 2026)? Quizás para distraer la atención al respecto le pusieron el innecesario latinajo “pro tempore”. Más apropiado habría sido “pro impunitatis”.