Columnas de opinón

Al rescate de la Procuraduría

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Ante los ojos de todo el mundo, el procurador ha venido abusando de sus atribuciones de manera sistemática, a diestra y siniestra.

A diestra, para absolver a sus amigos parapolíticos. Y a siniestra, para castigar a sus enemigos, como los alcaldes Salazar y Petro, u oponerse a la sentencia de la Corte sobre el aborto. Se hizo reelegir mediante notorias y grotescas prácticas clientelistas, y ha actuado casi como candidato presidencial en sus giras por San Andrés o por La Haya. Tres reflexiones, entre muchas otras, cabría hacer en el breve espacio de esta columna:

En primer lugar, urge contar con mecanismos de control frente a los abusos del procurador y de los altos funcionarios que, como él, tienen fuero constitucional ante la Corte Suprema de Justicia (por no hablar de los que están bajo el amparo de la Comisión de Acusación de la Cámara, donde se sabe que no prospera ninguna denuncia). En concreto, la exfiscal Viviane Morales ha propuesto al presidente del Senado que ese órgano legislativo, que fue el que lo nombró, le solicite al actual procurador la renuncia a su cargo. Aunque no es una función prevista expresamente en la Constitución, sí le correspondería al Senado, como órgano político, debatir al menos sobre los abusos del procurador y de otros altos funcionarios y, si el caso lo amerita, presionar su retiro. Una campaña de firmas para pedirle al Senado que actúe de esa manera podría darle sustento político a dicho debate. Sería una solución más civilizada que una asonada contra el procurador, que por lo visto teme, porque tiene su sede fuertemente acordonada con policía.

En segundo lugar, hace falta regular las facultades del procurador para evitar que sus futuros titulares sigan el mal ejemplo del actual, y para ajustarlas a los tratados internacionales. La inhabilidad para desempeñar funciones públicas, en casos extremos (que el Código Disciplinario llama faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima), es una facultad estatal que se debe preservar, pero tal como está regulada actualmente es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 23 de dicho tratado exige, como condición para imponerla, que se haga mediante «condena, por juez competente, en proceso penal». Una solución sería que, cuando el procurador considere que se dan las condiciones para imponer semejante sanción, denuncie el caso ante el respectivo juez, y se le dé un trámite especial a esa denuncia.

En tercer lugar, no se debería ceder a la tentación de eliminar la Procuraduría, como lo han sugerido algunas personas, la mayoría de ellas con buena intención. Sería ese el mayor daño que el actual procurador podría hacerle a una institución que se requiere para proteger a la población frente al permanente riesgo de arbitrariedad y de ineficiencia de los funcionarios estatales. No hay que acabar con la institución por el hecho de que alguien haya abusado de sus funciones. Mejor sería elevar las calidades requeridas para ser Procurador, para que no se cuelen en ella personas sin escrúpulos.