Columnas de opinón

25 años de la CCJ

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Cuando la Comisión colombiana de Juristas inició labores hace 25 años, Colombia contaba con menos desarrollos que los que hoy tiene para diseñar una política pública orientada a superar la crisis de derechos humanos del país.

Se ha avanzado en ese campo, pero hace falta todavía una voluntad política especialmente calificada para hacer frente, por lo menos, a tres problemas:

Primero, que las instituciones y los mecanismos creados funcionen efectivamente. Tal es el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, una buena iniciativa que no podrá mostrar grandes logros mientras el Estado central no la dote de los recursos y del poder que se merece. Lo mismo ocurre con el Mecanismo de Búsqueda Urgente o con la creación de unidades especiales en la Fiscalía. La calificación especial que requiere la voluntad política en este campo es importante, porque se trata de hacer eficaz el aparato estatal en esta materia a través de medidas administrativas y presupuestales. Por ello mismo es el problema menos difícil de los tres.

Segundo, debe definirse cómo conciliar la justicia con la paz. Con los grupos guerrilleros debería producirse un acuerdo que, en función de la estabilidad y solidez de la paz, garantice justicia en relación con graves delitos imputables a tales grupos. El reconocimiento del daño, la petición genuina de perdón y el ofrecimiento decidido de reparación y de reconstrucción del país debe ser la base de un acuerdo de paz que pretenda ser acogido positivamente por la sociedad colombiana. Con los grupos paramilitares, a su turno, la solución es más difícil porque ya se crearon situaciones de hecho, algunas de ellas irreversibles, como la fuga de más de 2.600 combatientes reconocidos como criminales de lesa humanidad. En relación con los que permanecen privados de libertad, debería negociarse con Estados Unidos el regreso de los jefes paramilitares a Colombia, así sea temporal, para que se completen las confesiones y revelaciones de estos perpetradores.

Tercero, esa voluntad política debe ser capaz de reconocer la grave responsabilidad que le cabe a la dirigencia colombiana por haber promovido políticas contrarias a los derechos humanos desde la cúpula del Estado, y debe también estar decidida a asegurar la primacía de la autoridad civil sobre la militar, removiendo los núcleos duros de resistencia a una política genuina en derechos humanos, lo cual exige ante todo la eliminación de los manuales de contrainsurgencia basados en nociones de la doctrina de seguridad nacional y el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos por la justicia ordinaria, sin vacilaciones, entre otros elementos.

Al conmemorar hoy sus 25 años de existencia, la Comisión Colombiana de Juristas reafirma su propósito de continuar contribuyendo a lograr que los derechos humanos se conviertan en el mínimo común denominador de la sociedad colombiana, que nos permita desarrollar productivamente nuestras diferencias, y para ello enfrentar decididamente estos tres retos, a lo cual invita a todas las personas y organizaciones, y especialmente a quienes han acompañado su desarrollo, al tiempo que les agradece su valioso apoyo.