Bogotá, 16 de mayo de 2022. Rosario es una mujer afrodescendiente de 38 años, oriunda de Cartagena (Bolívar), que se desempeñaba como madre comunitaria[1] en la isla Tierra Bomba donde vivía con su familia.
Durante el primer trimestre de 2020, Rosario fue diagnosticada con un tumor maligno de la médula espinal, que no fue debidamente atendido por la EPS Coomeva y actualmente tampoco está recibiendo la atención debida por la EPS Sura, a la cual fue trasladada desde el primero de febrero de 2022 tras la liquidación de la primera. Ante la negligencia de estas dos entidades, la señora Ortiz Girado perdió la movilidad de su cuerpo; además, padece profundas repercusiones a nivel psicosocial y se encuentra en una situación de dependencia permanente que se suma a sus dificultades económicas.
Por estos incidentes, los familiares de Rosario promovieron en su favor dos acciones de tutela para que le fueran protegidos sus derechos a la vida digna, integridad personal, salud y seguridad social vulnerados por la EPS. Aunque estas acciones judiciales fueron resueltas positivamente para la beneficiaria, no se han cumplido a cabalidad, aun cuando se han tramitado incidentes de desacato que también le han dado la razón.
También se han realizado gestiones ante el Fondo de Pensiones y Cesantías en Colombia - Protección para tramitar su pensión de invalidez y con ello aliviar las cargas económicas que implican un estado de salud tan complejo; sin embargo, este proceso también se ha caracterizado por diversos obstáculos y dilaciones.
El 4 de agosto de 2021, la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) presentó en representación de la señora Ortiz Girado una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.
En la petición, la CCJ argumentó que Rosario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia que amenaza con afectarle irreparablemente. Además, desde un análisis interseccional, en este caso se cruzan muchas condiciones de vulnerabilidad por tratarse de una mujer afrodescendiente con discapacidad y de un bajo nivel socioeconómico, lo que obliga al Estado a prestarle una protección especial que le ha sido negada.
Actualmente, la señora Ortiz Girado se encuentra estable en un hostal de Cartagena que es costeado por la EPS Sura, luego de haber estado hospitalizada en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por dos meses, aproximadamente, tras complicaciones de salud.
Comisión Colombiana de Juristas
[1] Las madres o padres comunitarios son aquellos agentes educativos comunitarios responsables del cuidado de los niños y las niñas de primera infancia del programa de Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Foto de referencia tomada de El Tiempo