El pasado 8 de mayo, el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá profirió sentencia de primera instancia en contra de la Nación (Ministerio de Defensa y Ejército Nacional) como consecuencia de la comprobada responsabilidad de militares en los asesinatos del niño Deiby Julián Pisa Gil y de Jonás Ariza Barbosa, ocurridos el 16 de mayo de 2006, hace precisamente 12 años.
La Juez del caso corroboró que los asesinatos se produjeron mientras Deiby y Jonás descansaban en sus hamacas, en una finca ubicada en zona rural del municipio de Bolívar (Santander), por lo que fueron ultimados en un estado de completa indefensión. Así mismo, se concluyó que la posición de los cuerpos fue manipulada para presentar los hechos como producto de un combate con miembros de las FARC.
Estas ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo a la Juez 62 Administrativa, constituyen actos de lesa humanidad, “en cuanto se trata de procedimientos que potencialmente han desarrollado las Fuerzas Militares en contra de la población civil, y dentro de un proceder sistemático en razón a que ha sido una práctica constante de diferentes Unidades Militares”.
Cabe señalar que los crímenes fueron cometidos por miembros activos del Batallón de Infantería No. 41 “General Rafael Reyes”, adscrito a la Quinta Brigada del Ejército. El sargento Julio Valencia Correa, quien comandaba la unidad militar, fue condenado el 10 de marzo de 2014 a la pena de diecisiete años de cárcel, después de realizar un preacuerdo con la Fiscalía. Así mismo, fueron condenados los soldados Aldefray Forero Cedano y Eduardo Nieves Pinzón a una controvertida pena de tres años de cárcel por cometer el delito de favorecimiento, circunstancia que también se preacordó con la Fiscalía.
A pesar de lo anterior, estos hechos continúan en la impunidad pues no se han develado las verdaderas razones por las cuales los militares cometieron los homicidios, así como tampoco se han esclarecido responsabilidades de los superiores jerárquicos.
De acuerdo a un artículo publicado la semana pasada en el diario británico The Guardian, que a su vez cita el libro “Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios”, alrededor de diez mil civiles fueron asesinados por el Ejército entre los años 2002 y 2010 para ser presentados como resultados de operaciones militares falsas. Ver artículo (inglés)
Esta realidad es conocida también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el caso 12.998, en donde se estudian 37 peticiones relacionadas con casos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellos los asesinatos de Deiby Pisa y Jonás Ariza