Hoy las víctimas de la masacre de Pueblo Bello conmemoran 31 años del fatídico crimen. El 14 de enero de 1990 grupos paramilitares liderados por Fidel Castaño, con complicidad de miembros del Batallón de Infantería No. 32 "Francisco de Paula Vélez, desaparecieron forzadamente a 43 campesinos en el corregimiento de Pueblo Bello, municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia. El 31 de enero de 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- profirió Sentencia en la que determinó que el Estado colombiano violó los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de las 43 personas desaparecidas; y el derecho a la integridad personal, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de los familiares de las víctimas. Así mismo, la Corte ordenó al Estado reparar a estas familias.
Después de quince años de la sentencia que condenó al Estado por la masacre, las familias siguen exigiendo el cumplimiento de las órdenes que dio la Corte, entre ellas están:
i) La construcción de un monumento para recordar los hechos de la masacre dentro del año siguiente a la notificación de la sentencia.
A juicio de las víctimas, el Estado ha incumplido esta medida de reparación ordenada por la Corte IDH, no solo porque han transcurrido quince años y no se ha construido el monumento, también porque actualmente no se han desempeñado mayores trámites para la construcción y solo ha presentado propuestas de diseño, sabiendo que la etapa actual podrá retrasar varios años la obra.
ii) Aunque la Corte IDH había ordenado al Estado buscar a las víctimas desaparecidas, el Estado colombiano conocía desde 1990 la ubicación exacta de varios restos mortales de víctimas, sin embargo, hasta 2020 empezó a organizar labores concretas de búsqueda de dichos restos, encontrándose con infraestructura que imposibilita la recuperación de los mismos. Por ello las víctimas han expresado su desacuerdo por la falta de voluntad del Estado colombiano para cumplir con la orden del tribunal internacional.
iii) La investigación de la responsabilidad de agentes de Estado. La Fiscalía General de la nación en el último año ha tomado determinaciones para dejar de investigar a miembros del Ejército Nacional de Colombia que posiblemente tuvieron participación en los hechos, aún en contra del acervo probatorio que contiene la investigación, igualmente ha dejado en libertad a algunos presuntos responsables y los ha remitido a la JEP, por lo tanto, las víctimas solicitan a la magistratura del caso 04 acerca de la situación territorial de Urabá, se apersone del proceso y los juicios de responsabilidad de los agentes de Estado que participaron en la masacre.
Por estas razones, los familiares de los 43 campesinos exigen al Estado Colombiano que cumpla de manera pronta y de buena voluntad la sentencia de la Corte Interamericana que en 2006 ordenó la reparación a las víctimas, la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables y la búsqueda de los restos de las personas desaparecidas con la debida diligencia y rigurosidad.
La conmemoración del caso que se realiza el 14 de enero con un acto religioso en el corregimiento, se llevará a cabo cumpliendo con las medidas y protocolos de bioseguridad que se requieren por la situación actual de la pandemia.
Las familias de los campesinos desaparecidos se organizaron desde hace años en el Comité Coordinador del Caso Pueblo Bello para exigir verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Este Comité se ha constituido como un ejemplo de movilización social de organizaciones de víctimas y ha logrado sentencias, un Centro Social Comunitario en Pueblo Bello, el cual cuenta con una Casa de la Memoria, y varios ejercicios de memoria.
Comité Coordinador del Caso Pueblo Bello y Comisión Colombiana de Juristas
14 de enero de 2020