Bogotá D.C 23 de septiembre de 2024 La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación el 18 de septiembre de 2024 en contra del entonces coronel Manuel Antonio González Henríquez como coautor impropio del magnicidio de Pizarro, al haber facilitado la acción del aparato criminal, y lo acusa de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.
Según el ente investigador, esto se evidenció en el movimiento de personal en el esquema de seguridad del candidato presidencial, que permitió al escolta Jaime Ernesto Gómez Muñoz asesinar al sicario Gerardo Gutiérrez, aun cuando este último ya se había entregado tras cometer el asesinato. Según la sentencia de primera instancia contra Jaime Ernesto Gómez, quedó probado que su acción tenía como objetivo garantizar la impunidad y ocultar la verdad en el caso.
De acuerdo con la investigación, dichos actos se enmarcaron en un plan ejecutado por entidades del Estado y fueron parte de una alianza criminal gestada en el extinto DAS con miembros paramilitares, que involucró tanto a las estructuras más bajas como a su dirección, para atacar a líderes de izquierda con el objetivo de eliminar las ideas políticas contrahegemónicas.
“Esta conclusión refuerza las hipótesis e investigaciones que hemos adelantado la familia Pizarro sobre la implicación del Estado colombiano en el asesinato de mi padre. Sin duda, esta decisión representa un avance importante en contra de la impunidad por la que hemos luchado 34 años”. Dijo María José Pizarro, parte civil del caso, declarado crimen de lesa humanidad en 2010.
La Comisión Colombiana de Juristas en sus alegatos, antes de esta decisión, señaló que existen numerosas pruebas testimoniales y documentales que respaldan las afirmaciones contenidas en el documento de acusación. Estas pruebas permiten la expedición de esta providencia, que se espera quede en firme para continuar con el juicio contra el acusado.