Bogotá, 16 de mayo de 2021. En la madrugada del 16 de mayo de 2006, en la zona rural de San Vicente, municipio Bolívar, en Santander, fueron ejecutados extrajudicialmente Deiby Julián Pisa Gil y Jonás Ariza Barbosa. Los responsables fueron integrantes del cuarto pelotón de la Compañía Danta adscritos al Batallón de Infantería No. 41 Rafael Reyes Prieto de Cimitarra, Santander, adscrito a su vez a la Quinta Brigada de la Segunda División del Ejército Nacional.
Las víctimas fueron presentadas como integrantes del Frente 23 de las FARC-EP. El Ejército argumentó que la muerte de Jonás y de Deiby, quien para ese momento tenía 15 años, ocurrió durante el desarrollo de la operación militar ‘Bengala’, dirigida por el sargento viceprimero Julio Valencia Correa. En múltiples ocasiones, los familiares de las víctimas han señalado que los dos jóvenes eran personas honestas, trabajadoras y con proyectos a futuro. Además, para la fecha de los hechos se encontraban en búsqueda de empleo.
En la investigación penal contra los militares responsables del asesinato se determinó que Jonás Ariza y Deiby Pisa Gil fueron ejecutados extrajudicialmente mientras dormían y a una distancia muy corta; también se demostró que los uniformados alteraron la escena del crimen con el propósito de simular un combate con fuego cruzado, y que a todos ellos se les otorgó un mes de descanso por reportar la supuesta baja en combate de dos guerrilleros.
Como consecuencia de un preacuerdo con la Fiscalía, el 10 de marzo de 2014 el Juzgado Primero Penal del Circuito del Distrito Judicial de San Gil condenó a Julio Valencia Correa como coautor del homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público; también condenó a los soldados Aldefray Forero Cedano y Eduardo Nieves Pinzón por favorecimiento, sentencia que fue confirmada el primero de julio de 2014 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, Sala Penal.
El 29 de noviembre de 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió aceptar el sometimiento de Julio Valencia y le ordenó presentar a las víctimas un programa de satisfacción de la verdad. Sin embargo, a la fecha, la JEP no ha notificado dichos compromisos a las víctimas ni a sus representantes. Por otra parte, es necesario que la Fiscalía avance en el esclarecimiento de los demás responsables de los hechos, particularmente los superiores jerárquicos.
La Comisión Colombiana de Juristas lamenta la pérdida de don Leocadio Pisa, que no solo ejercía liderazgo en el caso de su hijo Deiby y en el de Jonás Ariza sino en el de todos los jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales modalidad “falsos positivos”, y quien además tejió vínculos afectivos y de complicidad con las madres de otras víctimas. Su persistencia y voz crítica en los escenarios judiciales nos deja un legado invaluable y un ejemplo para que más padres también ejerzan ese rol en su ardua lucha por exigir los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y a las garantías de no repetición por el asesinato de sus hijos a manos del Estado.