El/la mejor fiscal para la CPI

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina resaltan los criterios fundamentales de la elección de la nueva persona fiscal de la CPI y exaltan la necesidad de que los Estados se comprometan con la valoración de criterios objetivos de probada experiencia y competencias profesionales específicas en las funciones del cargo.

Latinoamérica, 4 de febrero de 2021. Las organizaciones abajo firmantes, comparten un compromiso común de fortalecer la justicia penal internacional a través del principio de elecciones transparentes y mediante la nominación de candidatos/as calificados/as e independientes, dirigimos este comunicado a la opinión pública, a los Gobiernos de la Región y a la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma (ER), con el fin de dar a conocer nuestra opinión sobre los tres postulados con mayores posibilidades, de acuerdo con las consultas previas efectuadas a los Estados, para ser elegidos como fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI).

De acuerdo con el artículo 42.3 del Estatuto de Roma es necesario que el o la Fiscal de la CPI goce "de alta consideración moral, posea un alto nivel de competencia y tenga extensa experiencia práctica en el ejercicio de la acción penal o la sustanciación de causas penales". Bajo esa premisa, es necesario que los Estados garanticen que la persona que ocupará el cargo posea las condiciones de experiencia y formación previas en la carrera fiscal, así como de consideración moral, que les permitan cumplir desde el primer momento una labor destacada al frente del organismo encargado de luchar contra la impunidad de los más graves crímenes cometidos contra la humanidad.

La selección transparente de la persona Fiscal de la CPI exige que no existan acuerdos previos sobre los propósitos de análisis e investigación de este organismo y que la persona elegida no tenga cuestionamientos morales, dada la relevancia mundial del cargo. En esa medida, es necesario que los Estados revisen su apoyo a candidaturas que deban declararse impedidos o sobre los que pueda razonablemente, por cualquier motivo, existir duda sobre su imparcialidad, conforme al artículo 42.7 del ER.

Adicionalmente, dada la relevancia del cargo y atendiendo a los dispuesto en el artículo 42.3 mencionado, es indispensable que la persona elegida tenga competencias profesionales específicas en materia penal, experiencia en la labor como fiscal en jefe/a y en la investigación penal, así como conocimientos especializados en la materia. Siendo esta una justicia para las víctimas es necesario que se prime una perspectiva en la que la persona elegida pueda atender las altas expectativas que estas tienen frente al funcionamiento en los próximos nueve años de la Fiscalía de la CPI.

Somos conscientes de los desafíos que supone lograr consensos para la elección de la nueva persona fiscal. En esa medida, los invitamos a revisar de nuevo los perfiles de las personas candidatas de su preferencia, retomar la lectura de los criterios establecidos en el ER y preferir una perspectiva que priorice la lucha contra la impunidad y enfoque los esfuerzos en la sanción de los máximos responsables de los crímenes de competencia de la CPI.

Acción Solidaria

AlertaVenezuela

Alianza Sierra Madre A.C

Asociación de Consultores y Asesores Internacionales (ACAI)

Casa del Migrante de Saltillo

CDLSINFO-CR

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., México

Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC, México

Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo SJ (CSMM)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C., México

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)

Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de Honduras (COFAMIPRO)

Colectivo Sí a la Vida

Colombia Diversa

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión de Derechos Humanos, COMISEDH/Perú

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.

Comisión Mesoamericana de Juristas, A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., México

Comité de Familiares Migrantes Amor y Fé, Honduras.

Comité de Familiares Migrantes, La Guadalupe, Honduras

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia

Consultoría Técnica Comunitaria A.C

Corporación Opción (Chile)

CUDEHUM, Costa Rica

Enlace Jurídico México

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Fundación para el Debido Proceso, Estados Unidos

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C., México

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos México, FUNDEM

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Coahuila, FUNDEC, México

Informal Venezuelan NGOs Network for ICC/ Red informal de ONGs venezolanas por la CPI

Justicia Transicional en México

Maestría en Defensa de los Derechos Humanos, Facultad de Derecho Universidad Santo Tomás Bogotá 

Monitor de Derechos Humanos, Venezuela

Observatorio de derechos humanos de la Universidad de los Andes, Colombia

Observatorio Designaciones Públicas, México

Paz y Esperanza, México

Red de Abogadas por los Derechos Humanos

Sabuesos Guerreras A.C., México.

Seguridad en Democracia

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Guatemala

Unión Nacional de mujeres Guatemaltecas

Uno de Siete Migrando A.C., México

Xumek Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos