Bogotá, 2 de junio de 2022. Kimy Pernía, líder y autoridad tradicional de la comunidad embera katío del Alto Sinú, fue raptado por tres hombres armados el 2 de junio de 2001 en la oficina de los cabildos mayores de río Sinú y río Verde, en Tierralta (Córdoba). Aunque él se resistió, lo amenazaron poniendo una pistola en su cabeza y lo obligaron a subirse en una moto.
Como parte de una primera solicitud que hizo la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el 4 de junio, dos días después de la desaparición forzada deKimy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a él y a otros líderes de la comunidad indígena del Alto Sinú que estaban siendo amenazados; además, este órgano internacional instó al Estado colombiano a dar con sus paraderos, proteger sus vidas e investigar, juzgar y sancionar a los responsables de violentarlos. Ante lo sucedido, el Parlamento canadiense también se pronunció y envió una comunicación al Gobierno colombiano.
Las amenazas contra Kimy Pernía y los otros líderes iniciaron con la construcción de la represa Urrá, instalada en la mitad del resguardo de los embera katío del Alto Sinú durante la década de los noventa. Para la construcción de la hidroeléctrica no hubo un proceso de consulta previa con la comunidad indígena, principal afectada por este proyecto. La Corte Constitucional emitió un fallo a través de la tutela T-652 de 1998, en la que amparó los derechos vulnerados de esta comunidad. Sin embargo, las acciones legales para impedir su puesta en marcha no lograron detener el proyecto, y para el 2000 la represa ya estaba en funcionamiento. La ola de violencia contra líderes embera no se hizo esperar.
Como ocurrió con Kimy, otras autoridades de la comunidad que lideraron procesos de defensa para salvaguardar su territorio fueron asesinadas o desaparecidas durante la misma época. A pesar de la presión ejercida desde varias instancias, tanto nacionales como internacionales, hasta la fecha el cuerpo de Kimy sigue desaparecido. En 2010, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Montería (Córdoba) profirió sentencia anticipada en contra de Salvatore Mancuso (narcotraficante y exjefe paramilitar), únicamente por el delito de homicidio agravado, no por la desaparición forzada. Esta es la única condena que hay por estos hechos.
Como parte de las acciones que está llevando a cabo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), durante un encuentro propiciado por esta entidad en 2020 Mancuso calificó lo sucedido con Kimy como un “crimen de Estado”; también contó que luego de que la Fiscalía inició las diligencias de búsqueda e investigación, exhumaron su cuerpo y lo arrojaron al Río Sinú, donde -desde entonces- la familia Pernía arroja flores en su memoria.
Desde la Comisión Colombiana de Juristas hacemos un llamado a la Fiscalía, entidad que en marzo de 2019 calificó el caso de Kimy como crimen de lesa humanidad, para que adelante de forma diligente las actividades que permitan encontrar y juzgar a los responsables de su asesinato y posterior desaparición. También pedimos a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) que sumen sus esfuerzos para encontrar el cuerpo de este líder indígena.
Por último, hacemos un llamado a todo el Estado colombiano para que brinde justicia, reparación y garantías de no repetición a los familiares de Kimy y a toda la comunidad indígena afectada por la ola de violencia desatada en contra de sus líderes.
Hoy recordamos a Kimy y hacemos un homenaje al trabajo que hizo para defender su territorio, proteger el río Sinú y las fuentes hídricas como parte de la tarea encomendada por su dios Karagabí, entre muchas otras acciones que llevó a cabo para velar por la seguridad y estabilidad del pueblo embera. Su legado sigue vivo.
Comisión Colombiana de Juristas