Conexión CCJ - Edición #5

Hace pocos días publicamos “El riesgo de defender y liderar”, un informe sobre labor de las personas, comunidades y organizaciones que defienden derechos y reivindican las causas sociales en Colombia, en el cual se abordan las violaciones a sus derechos, entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2020. 

Un documento elaborado por veinte organizaciones nacionales y regionales, bajo la coordinación de la Comisión Colombiana de Juristas. Durante el evento de lanzamiento se realizaron dos paneles y durante dos semanas se publicaron ocho perfiles de líderes, lideresas y sus organizaciones, como parte de la serie "¿Quiénes defienden los derechos y lideran causas sociales en Colombia?"

Organizaciones defensoras de derechos humanos representantes de víctimas que hacen parte del Espacio de Litigio Estratégico presentaron a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- dos solicitudes de apertura de incidente de incumplimiento contra el Teniente Coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez y el General Mario Montoya Uribe. En virtud del incidente se pide la exclusión de los militares y la pérdida de beneficios a su favor, como libertad transitoria o penas más bajas.

Las abogadas del área de incidencia internacional, junto con la coordinadora del área de investigación de la CCJ, se reunieron este 14 de octubre con la nueva relatora especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, la señora Mary Lawlor. En el encuentro se indagó sobre las perspectivas de trabajo del mandato, se le presentó a la Relatora Especial el informe "El riesgo de defender y liderar", y se le actualizó sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia.

La Corte Suprema de Justicia tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. La decisión se dio a partir de una acción de tutela que presentamos un grupo de estudiantes, periodistas, docentes, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, familiares y víctimas de violencia policial, a finales del 2019 en medio de las manifestaciones del Paro Nacional.  La decisión se basa en la protección constitucional e internacional que tiene el derecho a la protesta y en que las limitaciones a su ejercicio solo pueden ser definidas legalmente.

En una audiencia realizada sobre interceptaciones ilegales en Colombia, en el marco del 177 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó a dirigentes políticos y a organizaciones defensoras de derechos humanos, víctimas de actividades de inteligencia ilegal, así como a representantes del Estado colombiano.  Dos comisionadas recordaron que la problemática de la inteligencia ilegal en Colombia ha ocupado a la CIDH por dieciséis años durante los cuales han persistido la impunidad y la falta de información sobre el contenido de estas actividades ilegales. 
 

El pasado 26 de septiembre, se llevó a la segunda sesión del II Ciclo de charlas en derechos humanos "Carlos Valencia García", titulada  "Derechos de la población campesina y la Especialidad Judicial Rural y Agraria" con la Rocío Peña Huertas, coordinadora del Observatorio de Regulación y Restitución de Derechos de Propiedad Agraria; Francisco Ternera, Magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia; Martha Carvajaliño, Procuradora Judicial Ambiental y Agraria; y Paula Villa, Directora del área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas.