XII Clínica jurídica sobre restitución de tierras

“La restitución de tierras y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”

Fecha: 30 de mayo de 2018

Hora: 9:00 am -12:00 pm

Lugar:  Universidad del Rosario- Auditorio No. 3- Edificio Nuevo- Claustro.

Introducción

La Comisión Colombiana de Juristas, en el marco de su proyecto de restitución de tierras, con el apoyo de la Embajada de Suecia, ha adelantado una serie de acciones de investigación, incidencia y participación en aras de fortalecer su litigio, así como el proceso de restitución de tierras en general y, con esto, la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano. Dentro de dichas acciones, la CCJ ha organizado una serie de clínicas jurídicas que buscan incentivar la participación y el debate entre distintos actores que inciden en el proceso de restitución de tierras.

Para la duodécima edición de las clínicas, se busca discutir sobre cómo el proceso de restitución de tierras puede aportar a la satisfacción del derecho a la verdad. Particularmente, el objetivo es dialogar sobre la posible interacción que pueden tener la Unidad de Restitución de Tierras, los jueces y magistrados de restitución, las oficinas delegadas en la materia de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación, las organizaciones y víctimas reclamantes con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición -CEV-. Lo anterior toda vez que el proceso de restitución puede contribuir con diversos hallazgos, insumos, metodologías y experiencias de los distintos actores que han participado del proceso de restitución de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011.

Dentro de estos elementos se destacan los archivos recabados por la Unidad de Restitución de Tierras en la etapa administrativa del proceso. En especial, las pruebas sociales como el documento de análisis de contexto elaborado por la URT para cada caso; las líneas de tiempo; las notas de campo sobre jornadas comunitarias; entrevistas focalizadas; genogramas; o las cartografías sociales. Igualmente, son relevantes las pruebas testimoniales, los documentos presentados por los terceros intervinientes, los informes técnicos prediales y de georreferenciación y las decisiones administrativas de la URT. Por su parte, durante la etapa judicial también se han producido diferentes elementos que pueden ser insumos relevantes para la CEV. Entre ellos se destacan las más de 3.800 sentencias que se han dictado, las pruebas testimoniales practicadas por los jueces y tribunales de restitución, las pruebas periciales, entre otras. Finalmente, el proceso de restitución de tierras también ha sido acompañado por la documentación y análisis efectuados por las víctimas reclamantes, las organizaciones sociales y las entidades de control, quienes con sus insumos han generado distintos elementos que permiten conocer no solo los hechos sobre los cuales opera el proceso de restitución sino también la evolución de este mecanismo de justicia transicional.

En suma, la experiencia del proceso de restitución de tierras puede constituir un insumo fundamental para las actividades que desarrollará la CEV y, por ende, para que, a través de este mecanismo de justicia transicional, se puedan esclarecer los hechos, causas y consecuencias relacionados con el desplazamiento forzado y el despojo y abandono forzado en el país.

Justificación

El artículo 11 (numeral 10) del decreto-ley 588 del 2017 -por el cual se organiza la CEV- establece el mandato que tiene esta entidad para: “esclarecer y promover el reconocimiento del desplazamiento forzado y el despojo de tierras con ocasión del conflicto armado y sus consecuencias”. El cumplimiento de este mandato es especialmente relevante si se tiene en cuenta no solo la dimensión del desplazamiento forzado y el despojo de tierras en el país, sino la ausencia de mecanismos judiciales idóneos para esclarecer a profundidad los hechos relacionados con estos fenómenos. A pesar de que han exisistido ciertos avances gracias a algunas sentencias de “Justicia y Paz” o los informes relacionados emitidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica, y los insumos mencionados del proceso de restitución de tierras, los índices de impunidad en la materia siguen siendo altos, especialmente en lo relacionado con la participación de terceros civiles en estos hechos. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta proyecciones que indican que tan solo el 17% de los fallos de restitución de tierras han compulsado copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos que generaron el despojo o abandono forzado de tierras[1]. Igualmente, la decisión de la Corte Constitucional que estableció la falta de competencia -salvo manifestación voluntaria- de la JEP para conocer sobre la responsabilidad de terceros, constituye un nuevo obstáculo en detrimento de los derechos de las víctimas reclamantes de restitución. Por lo tanto, la labor CEV se presenta como un mecanismo no judicial idóneo para que se puedan esclarecer estos hechos.

Así, resulta indispensable que se cree diálogo y un canal de colaboración entre la CEV y los distintos actores que participan en el proceso de restitución de tierras para contribuir realmente a la satisfacción del derecho a verdad.  Igualmente, es indispensable que se cuenten con estrategias y metodologías de trabajo para que dicho diálogo y colaboración ofrezcan resultados idóneos para el esclarecimiento de la verdad permitan a la CEV recoger los hallazgos, insumos, metodologías y experiencias del proceso de restitución de tierras. Así, este espacio busca abordar, en términos generales, la siguiente pregunta:

¿Cómo puede aportar el proceso de restitución de tierras a la satisfacción del derecho a la verdad?

Por lo tanto, es importante cuestionarse, entre otros, sobre los siguientes aspectos:

1. ¿Cuentan la CEV y la institucionalidad de restitución de tierras con propuestas metodológicas para establecer un diálogo y transferencia de saberes?
2. ¿Qué aspectos deben considerarse a la hora de crear o poner en marcha una metodología para transferir los insumos de los actores del proceso de restitución de tierras a la CEV?
3. ¿Qué espacio ofrecerá la CEV para las víctimas reclamantes de restitución y las organizaciones que trabajan en la materia para participar?
4. ¿Cuál es el alcance de la verdad judicial de las sentencias de restitución de tierras para la construcción del Informe Final de la CEV?
5. ¿Cuáles son los principales aportes y/o falencias de los documentos  sociales hechos por la URT para que se consideren insumos por parte de la CEV?

Objetivos

• Abrir un espacio de diálogo y debate sobre los retos, desafíos y posibles estrategias para el esclarecimiento de la verdad  sobre el desplazamiento forzado y el despojo de tierras a partir de la experiencia de los procesos de restitución de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011.
• Identificar y analizar posibles metodologías de trabajo entre la institucionalidad de restitución de tierras, las víctimas reclamantes y las organizaciones sociales con la CEV.
• Estudiar y conocer diversos puntos de vista, insumos técnicos y experiencias que permitan abordar las discusiones que surgen sobre cómo recoger la experiencia de restitución de tierras para aportar a la construcción y satisfacción de la verdad en el marco del conflicto armado colombiano.

Metodología

La clínica busca ser un espacio de interacción en el que, a partir de la socialización de las distintas experiencias de los participantes, se pueda abordar las distintas preguntas guía propuestas y encontrar soluciones o generar acuerdos relacionados con la problemática planteada. De esta manera, en la primera parte esperamos contar con la presentación de distintos actores que trabajan sobre la materia desde distintas perspectivas. La segunda parte, consistirá en un espacio de preguntas y comentarios de los participantes. Finalmente, se harán las respectivas conclusiones que surjan del debate.

Agenda: 30 de mayo de 2018

[1] CODHES, “La vida por la tierra: (des)protección en contextos de restitución de tierras y derechos territoriales”, mayo 2018, pp. 42.