Entre el 14 y el 15 de abril del año 2000, dos meses después de la masacre paramilitar en el municipio de El Salado, Bolívar, cerca de 100 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia ingresaron a la vereda Mataperros, municipio de El Carmen de Bolívar (Bolívar), en donde masacraron a siete personas. Estos dolorosos hechos se sumaron a la larga lista de atrocidades perpetradas por las autodefensas en la región de los Montes de María durante estos años. Como consecuencia de la incursión armada, los campesinos pobladores del predio La Reforma tuvieron que abandonar sus parcelas y desplazarse hacia el casco urbano de El Carmen de Bolívar, dejando en pausa una lucha de veinte años por obtener la adjudicación de los predios por parte del ahora extinto INCORA (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria).
La historia de La Reforma se inició en 1957 cuando las familias campesinas ingresaron al predio con la autorización del entonces propietario, Carlos Guete, para trabajar la tierra por medio de contratos de aparcería. Tras el fallecimiento de Guete en 1975 más familias campesinas se instalaron en el predio e iniciaron la posesión de manera pública, tranquila e ininterrumpida.
Los esfuerzos y las presiones por lograr la adquisición de los predios por parte del Estado y su posterior adjudicación a sus legítimos ocupantes bajo la premisa de que “la tierra es para quien la trabaja” lograron que, en marzo de 1994, el INCORA notificara a la comunidad que el predio se hallaba inscrito en el banco de ofertas, lo que daría inicio a los trámites de inspección, compra y titulación. Sin embargo, la violencia en la región y la falta de celeridad en el trámite frustraron este propósito.
En esta fecha, veinte años después de la masacre y el desplazamiento de la comunidad de La Reforma, la Comisión Colombiana de Juristas desea conmemorar la lucha de las campesinas y campesinos por la tierra y la dignidad, así como honrar la memoria de las personas asesinadas en la incursión paramilitar de 2000, del señor Filiberto Hernández, asesinado por las autodefensas en 2004 en su propio domicilio y de todos aquellos que han hecho parte activa de la historia de La Reforma.
Al hacer memoria de este caso también se hace necesario evaluar la actuación de las entidades encargadas del proceso de restitución de tierras: 11 de octubre de 2018, por órdenes del Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Tierras del Carmen de Bolívar, la solicitud de restitución y formalización de tierras fue rechazada y regresada a la etapa administrativa para subsanar vicios de georreferenciación advertidos en las resoluciones de inclusión en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Las fallas en la individualización y georreferenciación de los predios en las que incurrió la Unidad de Restitución de Tierras anularon el trabajo judicial de cinco años, truncando nuevamente las expectativas de los parceleros por retornar a las tierras que la violencia les arrebató.
En el contexto actual en donde las víctimas, sus representantes, la academia, los sectores políticos y las organizaciones de derechos humanos dan el debate sobre cómo dar continuidad a la política de atención y reparación integral a las víctimas, el fortalecimiento de instituciones como la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia Nacional de Tierras debe ocupar un lugar central en las propuestas de mejoramiento de la Ley 1448 de 2011. El llamado no es solo a aumentar el presupuesto, las facultades y las capacidades técnicas de las entidades, sino también el rigor de las actuaciones, la empatía de los funcionarios hacia las víctimas y la celeridad en los procedimientos, que son cuestiones vitales si se quiere hacer realidad la promesa de la restitución.
Los esfuerzos del equipo de la Comisión Colombiana de Juristas y la comunidad de La Reforma seguirán encaminados a preservar la memoria, a demandar garantías para la no repetición, a mantener viva la esperanza y a transitar juntos el camino de la restitución.
Comisión Colombiana de Juristas
14 de abril de 2020