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Una elección que afecta la independencia de la Corte Constitucional

#NadiePorEncimaDeLaJusticia

Martes 15 de diciembre de 2020

La elección de la Magistrada Meneses mantiene la tendencia gubernamental de concentración de poder, y amenaza la imparcialidad, autonomía e independencia de la Corte Constitucional.

A partir de la renuncia presentada el 23 de julio de este año por parte de Carlos Bernal Pulido, quien se desempeñó como magistrado de la Corte Constitucional en los últimos tres años, se generó una gran controversia e incertidumbre frente a la integración de la terna para su reemplazo por parte del presidente Iván Duque.

Esto se debe a que en estos dos últimos años el gobierno ha tenido manifestaciones de autoritarismo y de creciente cooptación de los cargos más importantes en los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, o en la Fiscalía General de la Nación.

El pasado 10 de diciembre se eligió como nueva magistrada de la Corte Constitucional a la abogada Paola Meneses, quien tiene experiencia en derecho corporativo y derecho público y se desempeñó como Superintendente del Subsidio Familiar gracias al nombramiento realizado por Iván Duque, y después de eso se desempeñó como Fiscal Delegada contra la Criminalidad Organizada. La nueva magistrada cuenta con un gran respaldo político, pues representa al ala conservadora y es cercana al actual Fiscal General Francisco Barbosa, quien se ha caracterizado por su falta de autonomía e independencia del ejecutivo en el desempeño en el cargo.

Su nombramiento no es sorpresivo, pero tampoco había posibilidad alguna de que quedara en el cargo alguien independiente del poder ejecutivo. Todas las personas que integraban la terna conformada el pasado 23 de noviembre tenían como único mérito la amistad con el Presidente de la República. El segundo ternado era Fernando Grillo Parra, abogado especialista en derecho constitucional y derecho de familia, servidor público durante 30 años y actual director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien ocupa este cargo por segunda vez, pues ya lo había desempeñado durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

Por último, Duque incluyó en la terna a José María del Castillo, ex decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda y actual vicerrector de la misma universidad en la que el presidente Duque cursó sus estudios y que se ha vuelto infaltable en los perfiles de los altos cargos como el mismo Fiscal Francisco Barbosa, Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, o Ernesto Lucena, Ministro de Deporte. Castillo no ha tenido una trayectoria importante en materia constitucional y se ha desempeñado, sobretodo, en el campo del derecho comercial y el derecho administrativo. Tampoco cuenta con experiencia en el sector público, y es recordado como uno de los partidarios de las inconstitucionales objeciones presidenciales de Duque a la Ley Estatutaria de la JEP.

La elección de Meneses mantiene la tendencia gubernamental de concentración de poder, y amenaza la imparcialidad, autonomía e independencia de la Corte Constitucional.

Además resulta cuestionable que la mencionada terna se integrara después de cuatro meses de la renuncia del magistrado. El Decreto 1081 de 2015, que establecía el procedimiento para la conformación de la terna para la Corte Constitucional, fue modificado convenientemente el pasado 15 de septiembre por medio del Decreto 1257 de 2020 que derogó las regulaciones existentes, dejando la conformación de las ternas a la total discrecionalidad del Presidente.

Desde la Campaña #NadiePorEncimaDeLaJusticia lanzamos una nueva alerta ante la excesiva concentración de poder del presidente, el cual ahora afecta a la Corte Constitucional, alto tribunal que, además de la reconocida protección de los derechos fundamentales y el control de constitucionalidad de las leyes, desempeña un papel clave en la definición de límites claros al poder Ejecutivo y sus posibles arbitrariedades.

La Campaña manifiesta así mismo su creciente preocupación por el desmantelamiento paulatino por parte del Gobierno Duque del sistema de frenos y contrapesos establecido en la Constitución Política, e invita a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional a defender la separación de poderes y la democracia, actualmente amenazadas por la acción presidencial.