En el departamento del Putumayo continúan las violaciones a los derechos de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales,ex guerrilleros, pueblos indígenas y comunidades campesinas. En este territorio coexisten una serie de violencias focalizadas que se enmarcan en un contexto de violaciones a los derechos humanos, junto con la falta de presencia integral del Estado. Estas violencias selectivas y acumuladas reportan como saldo una deuda histórica y actual, respaldada por un inventario de derechos y garantías tan extenso como la descripción de las condiciones necesarias para una vida digna, con justicia social y en paz, después de la firma del Acuerdo Final de Paz y en medio de la actual pandemia de COVID-19.
En medio del complejo contexto en el que suceden las violaciones a los derechos de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, se han reiterado las advertencias sobre algunos riesgos a los que se encuentran expuestos a nivel individual, familiar y colectivo. Desafortunadamente la prevención no es la acción que sucede a esta tragedia anunciada; son los hechos los que confirman en la mayoría de los casos un panorama de violaciones a los derechos que no debería repetirse.
Los casos documentados entre agosto de 2018 y marzo de 2020 y la cronología de hechos registrados durante la primera quincena del mes de abril de 2020 permiten afirmar que la violencia sociopolítica contra los líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el departamento de Putumayo es de naturaleza continua, planeada y selectiva, y se manifiesta mediante un conjunto de violaciones que afectan a quienes defienden los derechos y lideran causas sociales, a su entorno familiar y a las comunidades y organizaciones a las que pertenecen.
Entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de marzo de 2020, la Base de Datos de Violencia Sociopolítica de la Comisión Colombiana de Juristas (BDVSP de la CCJ) documentó 34 violaciones al derecho a la vida de líderes, lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos en el departamento de Putumayo. De estos casos, una (1) persona fue víctima de desaparición forzada, dos (2) casos fueron documentados inicialmente como víctimas de desaparición forzada y posteriormente se actualizó la información de estos casos al ser identificadas como víctimas de homicidio, los 31 casos restantes hacían referencia a víctimas de homicidio.
Estas cifras dan cuenta de la agudización de la violencia sociopolítica en el departamento del Putumayo desde principios del año 2020, en el marco de un contexto de violencia generalizada en el territorio que ha impactado la vida de personas defensoras, líderes y lideresas sociales, sus comunidades y organizaciones, y se manifiesta a través de los patrones que describiremos a continuación.
La investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de estas conductas, así como la prevención y las garantías de no repetición, son parte de las respuestas que se requieren y que en suma deberían confluir en la construcción de una política integral para la defensa de los derechos humanos, con la plena participación de las personas defensoras y la sociedad civil, y mayores avances en la lucha contra la impunidad para garantizar un entorno seguro y propicio para las y los defensores.