Bogotá – San Vicente del Caguán, 6 de abril de 2022. La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) condena y rechaza la captura de Reinaldo Quebrada, gobernador indígena del resguardo La Esperanza en San Vicente del Caguán (Caquetá), así como las declaraciones que, a propósito de esta, hizo el ministro de Defensa Diego Molano. Durante su mensaje, compartido a través de Twitter, el Ministro se refiere a Quebrada como “delincuente” y como alias “El Indio” o “El Rey”, y dice que esta autoridad indígena fue capturada por los delitos de “secuestro extorsivo, promoción y financiación de la deforestación, financiación de la invasión a áreas especiales de importancia ecológica y estratégica, además de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”. Además, de manera estigmatizante lo acusa de ser determinador de la deforestación y de auspiciar protestas violentas contra la Fuerza pública, desconociendo su calidad de autoridad tradicional de los pueblos indígenas.
El 6 de marzo de este año se realizó un operativo militar contra la deforestación en la vereda El Triunfo, en el que los militares quemaron varias casas de la comunidad, agredieron a la población allí asentada y murió una persona en circunstancias aún por esclarecer. Por estos hechos la Procuraduría está adelantando una investigando a los funcionarios públicos que participaron en el operativo. Ese mismo día, la comunidad indígena sorprendió a un soldado que ingresó armado al resguardo sin autorización. Este territorio indígena es una zona de paz en la cual no está permitido portar armas, por lo que inmediatamente se abrió un proceso tradicional para determinar la responsabilidad del uniformado por esta falta, en el cual estuvieron presentes delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de San Vicente del Caguán.
El gobernador Quebrada, ejerciendo su rol de mando tradicional, hizo cumplir la sanción que le fue impuesta al soldado por la comunidad, en ejercicio legítimo de la facultad que tienen las autoridades de los pueblos étnicos para resolver conflictos al interior de sus colectividades de acuerdo con su cosmovisión, usos y costumbres. El soldado no se opuso a recibir la sanción, que consistió en unos latigazos, y tanto la Defensoría como la Personería estuvieron presentes durante el procedimiento y no lo consideraron arbitrario o violatorio de los derechos fundamentales del uniformado, ni plantearon un conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria, ratificando la legitimidad del procedimiento adelantado por el resguardo en cabeza de su Gobernador.
Hoy, sin embargo, la Fiscalía General de la Nación anunció la intención de imputarle al Gobernador Quebrada, entre otros, cargos por secuestro y tortura, por el castigo que propinado al mencionado soldado. Esta captura, además de ir en contra de un procedimiento legítimo de sanción propia de la jurisdicción especial indígena, desconoce los usos y costumbres de este resguardo. Como si fuera poco, el Ministro de Defensa agrava a situación estigmatizando a esta autoridad tradicional y tratándolo de “delincuente”.
La Comisión Colombiana de Juristas rechaza esta captura, la imputación y las acusaciones del Ministro, y llama a la Fiscalía a investigar el contexto en el que se dieron el operativo del 6 de marzo y la sanción al soldado. También se pide al Ministro de Deefensa rectificar sus declaraciones y reconocer la legitimidad de las autoridades indígenas en Colombia. Estigmatizar y criminalizar las formas propias de la administración de justicia indígena representa un grave retroceso en relación con el reconocimiento del derecho a la autonomía de las autoridades étnicas y el derecho del ejercicio de su justicia propia, de la Constitución de 1991.
Comisión Colombiana de Juristas