PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO FRENTE A LA SITUACIÓN DE RIESGO DEL PUEBLO INDÍGENA BARÍ Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS HABITANTES DEL BAJO CATATUMBO
15 de febrero de 2018
Respetando la autonomía del Pueblo Barí, pero conscientes de las violaciones y los riesgos que sufren a causa de la agudización del conflicto armado en su territorio, hacemos un llamado a las entidades del Estado, organizaciones sociales de derechos humanos y organismos internacionales para que de manera urgente promuevan acciones efectivas en garantía de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas de “La Cooperativa Sphadana”.
Los pronunciamientos emitidos por el Pueblo Barí y por las comunidades campesinas evidencian una grave crisis, resultado de la desatención de tensiones territoriales originadas por el desconocimiento de los derechos territoriales de campesinos e indígenas; el incumplimiento de los deberes constitucionales del Estado en general, e incluso, de órdenes directas de la Corte Constitucional en su sentencia T- 052 de 2017 a las autoridades administrativas competentes, han conllevado a que en ejercicio del gobierno propio y de la autonomía del pueblo Barí, se adopten decisiones que no solo afectan a las comunidades campesinas que han habitado este lugar, sino que además, elevan el riesgo a la vida e integridad del pueblo indígena y de las comunidades campesinas.
La reciente dinámica de confrontación armada en la región entre grupos sucesores del paramilitarismo, Fuerza Pública y guerrillas del ELN y del EPL, junto con la falta de medidas de protección y prevención por parte del Estado, han dado lugar a una nueva victimización al pueblo Barí y a las comunidades campesinas del Catatumbo. Esta situación ha hecho que legítimamente las partes adopten mecanismos para intentar salvaguardar su vida e integridad.
En este contexto consideramos que el silencio de las autoridades estatales y la falta de intervención oportuna generan mayor conflictividad social y riesgo para los habitantes de esta región, por tanto, elevamos una petición urgente para:
Solicitamos el seguimiento oportuno por parte de la Corte Constitucional, para que se cumplan de manera efectiva las órdenes emitidas en la Sentencia T- 052 de 2017 y se inste a continuar en la mesa.
Igualmente hacemos un llamado a las organizaciones y comunidades campesinas, así como a las autoridades del pueblo Barí y sus organizaciones para seguir buscando alternativas que promuevan el respeto y la convivencia mutua, para el cuidado y protección de todos los que allí habitan. Saludamos que se activen los escenarios de diálogo entre las comunidades indígenas y campesinas para que, de manera conjunta, con el acompañamiento de sus organizaciones hermanas, se analicen y valoren los riesgos que existen en su territorio y que los amenazan a todos.
Las organizaciones y personas de la sociedad civil abajo firmantes preocupadas por la situación que se vive en su territorio estamos dispuestos a apoyar en las acciones que consideren oportunas para resolver dicha tensión, cuenten con nosotros en la búsqueda de alternativas que permita el bienestar y respeto de todos los que habitan esta región. Los instamos a que adopten los compromisos necesarios para la convivencia pacífica y respetuosa de todas las formas de vida que coexisten en esta región, sobre todo invitamos a que se retomen los principios del diálogo, Samainayú y reconocimiento mutuo de derechos.
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS - CCJ
CONSULTORÍA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO - CODHES
INSTITUTO DE ESTUDIOS INTERCULTURALES DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DERECHOS COLECTIVOS Y AMBIENTALES - GIDCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
PATRICIA STELLA JARAMILLO GUERRA. Coordinadora del Semillero de Investigación en Desarrollo Rural - SINDER de la Universidad Nacional de Colombia.
CARLOS ARTURO DUARTE TORRES. Coordinador del Área de Investigación Aplicada en Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali
JHENIFER MOJICA FLOREZ. Subdirectora litigio en Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas.
CARLOS ERIN QUESADA TOVAR. Investigador y docente Grupo de Investigación Derechos Colectivos y Ambientales - Gidca de la Universidad Nacional.
MARCELA CASTELLANOS ACOSTA. Investigadora del proyecto de litigio estratégico en restitución de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas.
Fotografía tomada de: http://radiomacondo.fm/2018/02/09/catatumbo-comunidad-filo-gringo-protesta-la-guerra-territorio/