El fin de semana pasado, el país recibía con estupor la noticia de un atentado ocurrido en zona rural de Santander de Quilichao contra líderes de procesos de las comunidades del pueblo negro, entre quienes se encontraba Francia Márquez, activista defensora de los derechos humanos y ganadora del Premio Medioambiental Goldman en abril del año 2018.
Este martes 6 de abril, se conoció una nueva amenaza que fue enviada a través de mensaje de texto al teléfono de Víctor Hugo Moreno Mina, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACONC y uno de los líderes contra quienes se dirigió el atentado.
En el mensaje se refieren los hechos del día sábado como el inicio del exterminio y se relaciona el nombre de Patricia Carabalí, a quien conocemos por su destacado trabajo en defensa de derechos territoriales, el medio ambiente y la paz en su región. Como delegada al espacio nacional de consulta previa de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, integrante de la mesa municipal de participación efectiva de las víctimas, del Consejo Comunitario Cuenca Cauca y de la Asociación de Víctimas RENACER SIGLO XXI, Patricia se ha destacado por su compromiso con los intereses comunitarios, liderando procesos organizativos en la búsqueda de mejores condiciones de vida, especialmente para las mujeres que han sido victimizadas en el marco del conflicto social y armado.
La Comisión Colombiana de Juristas rechaza enfáticamente esta situación que pone en riesgo la vida de Patricia, de su núcleo familiar y de los procesos organizativos de los que ella es partícipe, e insta al Estado colombiano a adoptar, en el menor tiempo posible, las medidas que permitan garantizar sus derechos a la vida, integridad, seguridad personal y familiar y a la libre asociación, como requisitos fundamentales y estructurantes de la participación política.
Bogotá, 7 de mayo de 2019.