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Fallo confirma la inocencia de defensora de El Salado y evidencia intento de criminalización y falencias en el proceso

Martes 19 de mayo de 2026

Bogotá - Montes de María, 19 de mayo de 2026. El pasado 7 de mayo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cartagena hizo la lectura completa del fallo que reconoce la inocencia de Yuranis Velasco Garrido, mujer defensora de derechos humanos de El Salado, corregimiento de los Montes de María, Bolívar.

Esta sentencia desarrolla la decisión adoptada el viernes 27 de febrero, cuando la justicia anunció su inocencia. Tras una investigación atravesada por múltiples irregularidades, el fallo confirma lo que la comunidad, su defensa y la representación de víctimas sostuvieron desde el primer día: Yuranis fue vinculada a un proceso judicial que buscó desacreditar y silenciar su labor, así como la de su hermana Yirley Judith Velasco Garrido, reconocida defensora de los derechos de las mujeres y las niñas en el territorio.

La decisión judicial no solo confirma su libertad y buen nombre, sino que pone en evidencia las debilidades de una investigación sustentada en estereotipos de género y las graves inconsistencias procesales.

 

Un montaje judicial contra las defensoras de derechos humanos

El caso contra Yuranis no es un hecho aislado, sino una estrategia de "guerra jurídica" (lawfare). Existen elementos de conocimiento que permiten inferir que el objetivo real de este proceso ha sido amedrentar a su hermana, la defensora Yirley, quien lleva 16 años denunciando la violencia sexual y los abusos de actores armados en la región.

El 9 de julio de 2021, la Fiscalía acusó a Yuranis de liderar una campaña de terror, a partir de la difusión de amenazas contenidas en mensajes de texto, mensajes de audio y panfletos firmados con el nombre de “Águilas Negras”, en un intento por reducir las graves amenazas que enfrentan las personas defensoras, en especial las mujeres defensoras de El Salado, a simples "conflictos interpersonales", desconociendo el contexto de violencia y control territorial que persiste en la región.

La Fiscalía eligió una hipótesis de investigación basada en la narrativa de que las amenazas a personas defensoras en contextos de conflicto armado obedecen a problemas personales y no a violencias estructurales. Las y los líderes de la comunidad han venido denunciando los incumplimientos de las instituciones frente a los compromisos adquiridos con posterioridad a la masacre de 2000, así como la continuidad de la violencia en la región. Además, Yuranis y su hermana han liderado procesos de denuncia de violencias sexuales atribuidas a la Policía y la Infantería de Marina. Silenciar estas voces resulta funcional, especialmente frente al abuso de los cuerpos de mujeres y niñas.

Sin embargo, los hechos revelan una realidad distinta. Durante los siete meses que Yuranis permaneció privada de su libertad (de marzo a octubre de 2021), las amenazas contra los liderazgos en El Salado no cesaron. Por el contrario, las intimidaciones dirigidas a Yirley y su familia se intensificaron y se prolongaron hasta 2025. Todo ello demuestra que quienes perpetraron estas acciones continuaron (y continúan) operando en el territorio.

La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y la Corporación Sisma Mujer, como representantes de Yuranis y Yirley, respectivamente, advertimos durante el proceso múltiples irregularidades que comprometen la solidez de la investigación adelantada por la Fiscalía. Entre ellas, la vulneración de la intimidad de Yuranis por parte de agentes del CTI y del EMCAR; graves inconsistencias en la evidencia técnica utilizada para sustentar la acusación incluyendo alteraciones, registros contradictorios y fallas en la cadena de custodia; y el incumplimiento de estándares básicos de forensia digital, particularmente relevante dado que el teléfono incautado era de acceso público en un negocio de venta de minutos.

Aunque el juez no declaró inválidas las pruebas, concluyó que carecían de capacidad para demostrar la responsabilidad de Yuranis. Además, la hipótesis de la Fiscalía se construyó sobre estereotipos de género y no sobre evidencia objetiva, atribuyendo supuestas motivaciones basadas en rivalidades entre mujeres y prejuicios que desvían la investigación y afectan el acceso a una justicia libre de discriminación.

La absolución de Yuranis Velasco Garrido evita una grave injusticia. Además de consolidar una narrativa que invisibiliza las amenazas que enfrentan las defensoras de derechos humanos, su condena también habría profundizado el desconocimiento de los riesgos diferenciados y los efectos desproporcionados que enfrentan las mujeres en contextos de violencia estructural, cuyas dinámicas de poder se exacerban en escenarios de conflicto armado.

Este resultado es reflejo del respaldo de la comunidad internacional, de Naciones Unidas y de diversas organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Asimismo, es fruto del trabajo articulado de representación jurídica adelantada conjuntamente por la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación Sisma Mujer, quienes hacemos un llamado a las instituciones del Estado colombiano para que: investiguen con rigurosidad las amenazas contra los líderes y lideresas de El Salado, y en particular las que hay contra Yirley Judith Velasco Garrido y su familia; adopten medidas efectivas para proteger la vida, integridad y seguridad de Yuranis, Yirley, su familia y su proceso organizativo, y para evitar reproducir estereotipos de género en las actuaciones judiciales; y garanticen que la administración de justicia no sea utilizada para deslegitimar la labor de quienes defienden los derechos humanos.

Para Yuranis, esta decisión es el reconocimiento de una verdad sostenida con firmeza y el final de una difícil etapa:

“Hoy solo tengo palabras y sentimientos de gratitud ante la decisión del Juzgado Tercero Penal Circuito Especializado de Cartagena, decisión que fue absolutoria ante un proceso que siempre he dicho y lo sigo afirmando: no me pertenecía ni a mí, ni a mi familia, ni a mi comunidad.

Este proceso partió mi vida en dos, pero siempre mantuve mi cabeza en alto, pues vengo de una familia de principios y valores muy bien creados. Fue un proceso donde quedé absolutamente sin nada, sin vivienda, sin trabajo, pero lo que no me quitaron jamás fue mi dignidad y todas las fuerzas y todo el apoyo de mi familia y de mi comunidad.

Este logro hoy lo celebro junto a todos ellos y junto a un equipo de trabajo que jamás se rindió. Sisma y CCJ fueron y serán ángeles siempre presentes en mi vida y en la de mi familia.

Y a los que me imputaron cargos que no me pertenecían, solo les puedo decir que no hay rencor, pues mi vida siempre irá de la mano de Dios y de toda una comunidad y toda una familia que siempre nos levantamos como el ave fénix”.

La Fiscalía y el Ministerio Público interpusieron recurso de apelación contra esta decisión. Confiamos en que la segunda instancia garantizará un análisis riguroso, imparcial y respetuoso de los estándares de debido proceso, perspectiva de género y protección a las personas defensoras de derechos humanos, y que confirmará la absolución dictada en esta primera instancia.

#JusticiaParaYuranis

Comisión Colombiana de Juristas y Corporación Sisma Mujer