En los dos años del Gobierno Petro bajaron los asesinatos y desapariciones de personas defensoras | Conexión CCJ #47

En los dos años del Gobierno Petro bajaron los asesinatos y desapariciones de líderes/as sociales y personas defensoras de derechos; sin embargo, la situación sigue siendo alarmante. Consulta la infografía que analiza los asesinatos y desapariciones de las personas defensoras en el país. 

El 27 de agosto se radicó ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley ordinaria que define competencias y procedimientos especiales para la Jurisdicción Agraria, un avance constitucional para saldar las deudas de justicia con el campesinado.

Es el primer proyecto del Gobierno en esta legislatura vinculado al Acuerdo de Paz. Contó con la presencia de los ministros del Interior, Justicia y Agricultura, además de líderes sociales que destacaron la importancia de esta radicación.

Las Plataformas de Derechos Humanos celebramos que, después de 32 años, Colombia cuente por primera vez con una mujer al frente de la Defensoría del Pueblo. Nos alegra que el Presidente de la República Gustavo Petro haya acogido los criterios propuestos por las Plataformas para la elección de este cargo y ternado a Jomary Ortegón, Dora Lucy Arias e Iris Marín para ocupar esta alta magistratura. La elección de Iris Marín es un logro significativo para el movimiento social y de derechos humanos del país. Además, es un reconocimiento al valioso liderazgo que han ejercido las mujeres colombianas en la búsqueda de la paz, los derechos humanos y la justicia social.

El 26 de agosto nos reunimos con el Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de Naciones Unidas, quien se encuentra de visita en Colombia hasta el 4 de septiembre. En nuestra intervención hicimos énfasis en la vulnerabilidad diferenciada en la que se encuentran las víctimas del conflicto. El Relator Especial es una figura creada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU cuyo mandato es examinar las iniciativas adoptadas para promover y proteger los derechos de quienes viven en extrema pobreza y presentar informes con miras a progresar en la erradicación de esta situación. 

El Grupo de Trabajo de Empresas y DD. HH. de la ONU estuvo de visita en Colombia.  Como organización defensora de derechos humanos y representante de víctimas, la Comisión Colombiana de Juristas -CCJ- participó en diversas reuniones que esta delegación tuvo con la sociedad civil, en Bogotá y Valledupar.  En estos espacios resaltamos la necesidad de develar la responsabilidad de todas las personas naturales y jurídicas en las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra la población civil en el país. 

La segunda semana de agosto se radicó ante la Cámara de Representantes el proyecto de ley estatutaria 166 de 2024, por medio del cual se reglamenta, garantiza y protege el derecho a la reunión, manifestación y protesta social, pública y pacífica y se dictan otras disposiciones, que resultó del proyecto 270/23, presentado por varias organizaciones sociales, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas, y el proyecto 275/23, que radicó el Partido Conservador.

Esperamos que el proyecto 166 de 2024 avance en las garantías de los derechos humanos para cesar la criminalización de la protesta social, se proteja la vida e integridad de las personas que ejercen este derecho, y se limite la labor de la Policía Nacional en contextos de manifestaciones, con el fin de garantizar la no repetición de graves violaciones a los DD. HH.