El martes 30 de julio del año en curso, el juzgado 4 de Restitución de Tierras de Sincelejo -con sede en Santa Marta- entregó a 15 reclamantes el predio Negrinis. La entrega de este predio, ubicado en zona rural del municipio de Pueblo Viejo (Magdalena), fue producto de una sentencia proferida el 30 de octubre de 2018 por el Tribunal Superior de Cartagena, en su Sala Civil de Descongestión especializada en Restitución de Tierras. La Comisión Colombiana de Juristas acompañó dicho proceso judicial.
La entrega contó con la presencia de la Comisión de la Verdad, el Consejo Noruego para Refugiados, el grupo de Posacuerdo y algunos representantes de cuatro sujetos de reparación colectiva. Si bien durante el proceso judicial se presentaron alegatos de oposición, en la entrega ninguno de los segundos ocupantes se hizo presente.
La entrega fue un triunfo, pero parcial, para la comunidad del Caso Chimborazo, como ha sido conocido este proceso. Esto debido a que en la misma sentencia no fueron restituidos otros tres predios que los demás reclamantes de tierras solicitaban (Chimborazo, Cantagallar y Ceibones).
El Tribunal Superior de Cartagena ordenó a la Agencia Nacional de Tierras darle acceso a otros predios a los 88 núcleos familiares que no fueron beneficiados con la sentencia. Lamentablemente, y a pesar de que la Comisión Colombiana de Juristas ha adelantado solicitudes ante dicha entidad, no se ha cumplido la orden judicial referida.
Esta comunidad, que fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos (agresiones sexuales y el abandono forzado de sus tierras) por parte de las AUC, exige al gobierno colombiano el cumplimiento y la protección de sus derechos fundamentales: reparación integral, garantías de no repetición, verdad y justicia.
La Comunidad de Chimborazo sabe que no es corto el camino que le falta por recorrer para lograr el restablecimiento de los derechos que le han sido negados. La Comisión Colombiana de Juristas se une a las voces de esta comunidad que exigen al gobierno colombiano la protección y garantía plena de sus derechos.
Comisión Colombiana de Juristas
Bogotá, 1° de agosto de 2019