Montería, 25 de mayo de 2023. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre la consumación del riesgo contenido en las Alertas Tempranas emitidas para el departamento de Córdoba (AT 054 de 2019 y su informe de seguimiento, y la AT 015- de 2022), y sobre el incremento en la situación de riesgo y de vulneraciones a los derechos a la vida, integridad personal, seguridad y libertad de los liderazgos campesinos y las personas defensoras de derechos y del Acuerdo de paz, entre ellas las y los integrantes de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú -Asodecas- y la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba -Ascsucor-.
Dentro de las victimizaciones cometidas entre enero y mayo del presente año en contra de estas y estos líderes se encuentran el intento de asesinato y el desplazamiento del dirigente campesino Cervelión Cogollo, presidente de Asodecas y líder del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en el municipio de Tierralta, la estigmatización y constreñimiento de Ascsucor y Asodecas y sus dirigentes, y el riesgo inminente de seguridad para las 100 familias beneficiarias de la entrega de la hacienda “Pontevedra”, en el municipio de Planeta Rica, por parte de la SAE.
La Defensoría del Pueblo en la reciente Alerta Temprana Nacional de Riesgo N° 019 de 2023 establece un nivel de riesgo alto para los defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en los municipios de Montelíbano (Alto), Puerto Libertador (Alto), San José de Uré (Alto) y Tierralta (Alto). Estos municipios, a su vez, coinciden con las zonas donde tienen presencia y hacen su trabajo las organizaciones Asodecas, Ascsucor y la Fundación Social Córdoba Controversial -Cordobexia-.
Por iniciativa de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y su representante, Juliette de Rivero, hoy 25 de mayo se está realizando una visita de seguimiento a la ciudad de Montería, en la que participan delegadas y delegados de las embajadas de la Unión Europea, Suiza y Reino Unido, y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID-, quienes han acompañado la incidencia de estas organizaciones campesinas ante entidades del Estado colombiano y han manifestado su apoyo para visibilizar la crisis humanitaria en la región y la urgente necesidad de protección para sus personas defensoras de derechos humanos.
Las organizaciones sociales cordobesas esperan que con esta visita aumente la visibilidad nacional e internacional sobre la situación de derechos humanos en el sur de Córdoba. Además confían que esta permita insistir en el cumplimiento de los compromisos establecidos durante una gira de incidencia realizada en Bogotá en el mes de abril. Dentro de estos compromisos están la pronta implementación de las medidas de protección colectiva del Decreto 660 de 2018 en cabeza del Ministerio del Interior, la implementación y mejora de medidas de protección urgentes por parte de la Unidad Nacional de Protección, y la investigación expedita y eficaz de los hechos victimizantes cometidos en contra de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales del departamento de Córdoba por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Agradecemos el apoyo constante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, de las embajadas y agencias de cooperación por su disposición para visitar a las organizaciones e insistirle a las instituciones locales, regionales y nacionales sobre la importancia de adoptar medidas urgentes que permitan mitigar los riesgos derivados de la presencia de los actores armados que hoy amenazan su labor y así poder evitar nuevos hechos de violencia en su contra.
Comisión Colombiana de Juristas -CCJ-, Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú -Asodecas-, Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba -Ascsucor- y Fundación Social Córdoba Controversial -Cordobexia-.