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El pasado 6 de agosto, la Comisión Colombiana de Juristas entregó a la Comisión de la Verdad los informes “Los Silencios del Despojo”, tres documentos que narran historias del campesinado del eje Bananero en Urabá, Zona Bananera en Magdalena, y Montes de María en Bolívar, en las que el despojo de tierras es la situación que permanece y subyace en los proyectos de vida y en las reivindicaciones colectivas de las comunidades rurales.
Estos informes, que se construyeron gracias al apoyo de la Embajada de Suecia en Colombia, surgen de la sistematización y el análisis de distintos casos de restitución de tierras que hemos representado en tres regiones del país: los Montes de María, el Urabá antioqueño y el departamento de Magdalena. La premisa fundamental de esta investigación se enmarca en que a pesar de que estos casos han sido llevados ante los jueces y magistrados de restitución de tierras y algunos cuentan con decisión judicial, esta verdad -la judicial- no termina de esclarecer a plenitud la dimensión del fenómeno del despojo y abandono de tierras en dichos casos y regiones. Esto se debe a al menos dos factores.
El primer factor, se determina por las mismas limitaciones que supone la verdad judicial en el proceso de restitución de tierras. La función de jueces y magistrados es limitada por la misma ley a un análisis probatorio que se guía, en buena parte, por la determinación de elementos de derecho privado de la propiedad y, en otra, por lecturas contextuales que buscan establecer un nexo causal entre la pérdida de la tierra y el conflicto armado interno. Esto impide, en cierto modo, que en este ámbito judicial se indague sobre responsabilidades penales o sobre elementos como la relación de actores civiles con actores armados.
El segundo factor, se da por los obstáculos propios de la implementación del proceso como la visión gubernamental que imprime en distintos aspectos la Unidad de Restitución de Tierras en la documentación de los casos o por las dificultades y temores que pueden enfrentar los jueces o magistrados a la hora de decidir casos de alta complejidad que involucran intereses de distintos sectores, algunos de ellos poderosos gremios económicos o casas políticas.
Al evento virtual de entrega de los informes asistieron el Padre Francisco De Roux, presidente de la CEV, y las Comisionadas Alejandra Miller y Patricia Tobón, los comisionados Carlos Beristaín y Saúl Franco. La CCJ presentó ante estos comisionados un grupo de más de 100 personas de las organizaciones, regiones y de la CEV, los principales hallazgos de cada informe, las conclusiones y sus recomendaciones a la Comisión de la Verdad.
“Para la CEV la realidad del campesino pone el centro de esta búsqueda de la verdad de lo que nos pasó en el conflicto, pero de manera particular la forma en que el campesino se vio involucrado en la injusticia y en la guerra contra sus tierras, y la forma como fueron arrebatados de sus pertenencias en procesos supremamente violentos y salvajes.” Aseguró el padre Francisco de Roux en el evento de entrega, quien agregó: “recibimos estos informes para hacerlos parte de este patrimonio de la verdad del país que la Comisión quiere guardar para que las generaciones futuras lo tengan muy presente.”
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas afirmó que “Con la entrega de estos tres informes, la Comisión Colombiana de Juristas reafirma su compromiso irresoluble con los derechos de las víctimas del conflicto armado interno y con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. También, reafirma su voluntad de contribuir con la Comisión para la Verdad para que esta pueda dar cumplimiento pleno a sus mandatos y, junto con la sociedad civil y las víctimas, fomentar espacios de colaboración, participación y encuentro, que aporten realmente a la verdad, a la convivencia y a la no repetición. En últimas, que aporten al legítimo anhelo de paz.”
En el evento privado se contó con la participación de más de 120 personas entre integrantes de la Comisión de la Verdad, magistrados y funcionarios de la Jurisdicción Especial para Paz, miembros de embajadas, investigadores y víctimas representadas por la CCJ. Allí también tuvieron lugar las intervenciones de dos líderes de Beatriz García, lideresa del Magdalena y de la comunidad de Chimborazo, y de un campesino del Urabá, quien reservó su identidad por cuestiones de seguridad.
Beatriz García, quien también es víctima de desplazamiento forzado de la misma comunidad, miembro fundador de la Fundación de la población en situación de desplazamiento -FUNDAPAD-, intervino en el evento destacando que, de 112 familias reclamantes de tierras, solamente 15 han sido restituidas, pero en los otros 97 casos no se han cumplido su derecho. Beatriz le manifestó a los Comisionados y a sus equipos de trabajo:
“Ahorita a nosotros no nos están dando ningún tipo de seguridad. Vivo en uno de los sectores que ha habido muchas masacres y muchas otras cosas por reclamar nuestros derechos. Les pido que nos ayuden para que no haya repetición y que nos colaboren con esa sentencia, que hagan un llamado a los Magistrados porque no se nos está cumpliendo nada de nada a nosotros los reclamantes de tierras en el proceso de Chimborazo.”
Por su parte, el líder campesino de Urabá, víctima de despojo en 1999, contó su historia a los asistentes al evento y la forma violenta en que le fueron arrebatadas sus tierras a él y también a su comunidad:
“Nosotros estamos con una incógnita, que no sabemos si el Estado está con nosotros o el Estado está con los malhechores. No sabemos ¿De qué lado está el Estado? ¿De qué lado están los jueces? No sabemos qué está pasando. No sé. Estamos como si estuviéramos viviendo en un engaño. Desde entonces, desde el desplazamiento, todo está así.” sostuvo durante su relato, y afirmó “Aquí (Urabá) la guerra fue de los ricos, de las empresas bananeras y de los grandes ganaderos para aprovecharse de la tierra de nosotros. Aquí fue la guerra de los ricos contra los pobres”.
Luego de estas intervenciones las investigadoras de la CCJ Marcela Castellanos y Melissa Vargas expusieron los hallazgos de cada uno de los tres informes y el cierre estuvo a cargo de la abogada Paula Villa, quien dio a conocer las conclusiones y recomendaciones a la Comisión de la Verdad.
En los próximos meses a Comisión Colombiana de Juristas haremos una publicación de estos informes para acceso de todas las personas interesadas en conocer las realidades de estas mujeres y hombres que llevan años buscando volver a sus tierras, y quienes también alzan sus voces para contribuir a la verdad de este país y luchar así contra los silencios del despojo.